Con dicho decreto, cerca de 2,8 millones de inmigrantes ilegales han sido expulsados de EEUU desde marzo de 2020, tras intentar cruzar la frontera sur de México. El día en el que Biden se reúna con Pedro Sánchez, la avalancha migratoria en la frontera sur no habrá hecho más que empezar. De hecho, ya son miles de inmigrantes que esperan la llegada del 11 de mayo para volver a presentar solicitudes de asilo. A la gran mayoría de ellos se les aplicará el llamado Título 8, es decir, deportaciones directas, la apertura de un juicio y la prohibición de entrar a los Estados Unidos durante al menos cinco años.
Pedro Sánchez comprometió a España ante el gobierno de Biden el mes pasado para aceptar desde ya a personas sin papeles procedentes de países latinoamericanos que no reúnan los requisitos de entrada a suelo estadounidense. Es decir, inmigrantes ilegales que no reúnen las condiciones del llamado programa de admisión de refugiados de EEUU.
Sánchez se postra
El objetivo de Biden, preocupado por el coste político de la previsible avalancha de inmigrantes en medio de su campaña electoral para volver a ser elegido como presidente del país, es seguir aceptando 30.000 personas al mes, pero no más. También abrirá la mano por cuestiones de reunificación familiar a aquellos procedentes de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las cifras son pequeñas si se tiene en cuenta que la administración estadounidense espera arrestar a 13.000 inmigrantes diarios después del 11 de mayo.
Y Pedro Sánchez se ha postrado ante su colega estadounidense para evitar que miles de los inmigrantes ilegales que pasen por los centros regionales que EEUU va a establecer en Guatemala y Colombia viajen hasta México para entrar en territorio estadounidense y, directamente, sean trasladados a España.
«Permítame ser claro: nuestra frontera no está abierta y no se abrirá después del 11 de mayo», aseguró la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional del Gobierno Biden, Alejandro N. Mayorkas.
Consecuencias
La decisión adoptada por Sánchez traerá consecuencias sociales, económicas y políticas por el impacto que podría tener en la opinión pública, por su carácter también discriminatorio y por los riesgos que entrañan las políticas de papeles para todos con el efecto llamada. Sin embargo, para el jefe del Ejecutivo parece importarle más su relación con Joe Biden, ser una suerte de nuevo valido suyo en una Europa que defender los intereses de España.
(Con información de ok Diario)
