La venganza y el sectarismo de Pedro Sanchez y su Gobierno social comunista no para. A la espera de que la llamada ley de «Memoria Democrática» sea definitivamente aprobada, el Gobierno prepara ya su plan para exhumar en el Valle de los Caídos.
El Ejecutivo desplegará así su propaganda guerracivilista y sectaria pese a tratarse de trabajos «extremadamente complejos» que no aseguran ni siquiera la identificación de los enterrados. Pero es que a este gobierno no les importa los muertos, lo que les importa es la revancha y cambiar la historia. Así lo admite la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática en una respuesta sobre la «viabilidad» de estas exhumaciones.
Dos documentos que lo ven inviable
En dos de los documentos remitidos se exponen con claridad las serias dificultades para estas labores, de resultado muy incierto. Se trata de dos informes que ya en su día fueron conocidos y en los que ahora se apoya sin embargo el Gobierno. La conclusión es que identificar a las víctimas es un trabajo arduo y prácticamente imposible en muchos casos.
Uno de ellos fue elaborado por el Consejo Médico Forense en 2018 para la «localización, identificación y, en su caso, exhumación y entrega a su familia de los restos de los señores Lapeña Altabás». En dicho informe se daba cuenta del enorme deterioro en que se encuentran los cuerpos de los enterrados y también de la complejidad de las tareas. Para realizar esas labores sería necesario mover 722 cajas con el «riesgo de esparcimiento» del contenido. Los forenses avisaron de «la extrema dificultad» del «problema antropológico forense» y destacaron que «en el caso de las víctimas de la Guerra Civil que se encuentran en el cementerio del Valle de los Caídos, el problema se agrava al tratarse de restos que ya fueron exhumados previamente veinte años después de su inhumación primaria».
A ello se añade, destaca este documento, que «el deterioro natural de los restos biológicos que se produce 80 años después del fallecimiento conduce a una modificación de las estructuras morfológicas» y que «el tiempo transcurrido también afecta a la capacidad de obtener información acerca de las peculiaridades identificativas de los individuos, como pueden ser, por ejemplo, la variabilidad odontológica».
Los forenses avisan, además, de que «no se va a disponer de fuentes de material genético indubitada, como tendríamos en cadáveres recientes» y «también se reduce el número de los familiares directos que pueden servir de fuente de material genético con el que cotejar las muestras». De esta forma, estudiar los columbarios y la selección de muestras para su cotejo genético «debe entenderse como un trabajo de altísima complejidad técnica».
Otro de los informes de Presidencia admite de forma rotunda que la identificación es «casi imposible». En ese estudio, de 2011, se advierte también del mal estado de conservación de los osarios y del elevado deterioro de los restos, avisando que muchos de ellos no constan en los libros de registro y, por tanto, «la posibilidad de conocer el número de restos» de algunos columbarios «es muy limitado». Este informe revela asimismo que muchas cajas están rotas con el consiguiente «esparcimiento» de los restos por criptas y capillas e incluso que se habrían mezclado, siendo además «muy probable» la separación de restos óseos de un mismo individuo en diferentes lugares.
Situación actual
El plan de exhumaciones se encuentra ahora mismo en suspenso y a la espera de la Justicia. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha rechazado la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecute el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban estos trabajos.
Se estima que, desde el año 1959, los restos de más de 33.000 personas fueron trasladados al Valle de los Caídos desde fosas comunes para ser inhumados en sus criptas. Por el momento, según admiten fuentes gubernamentales, apenas 104 familias han pedido la exhumación, lo que apenas representa un 0,31% de las víctimas que allí reposan
(con información de OK Diario)
