Sánchez hace de la traición su forma de gobierno: las cesiones continuas a sus socios independentistas

Privilegios fiscales a los independentistas. La entrega de privilegios a los separatistas catalanes es uno de los ejes centrales de esta estrategia de rendición. En 2023, el PSOE pactó con ERC la creación de un «cupo catalán«, un sistema que les permite pactar los impuestos que pagan al Estado, un privilegio que rompe con la equidad fiscal. No contento con eso, también condonó 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), comprando así su apoyo político a costa del bolsillo de todos los españoles. Además, la Hacienda catalana sigue acumulando poder con el objetivo final de gestionar la totalidad de los tributos en su territorio.

Un traspaso ilegal de la inmigración a Cataluña. Uno de los acuerdos más escandalosos alcanzados con Carles Puigdemont es la transferencia de la competencia sobre inmigración. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, ha reconocido que las negociaciones «están muy avanzadas» para conceder a la Generalitat el control total sobre esta materia. Sin embargo, juristas han advertido que dicha transferencia sería «nula de pleno derecho», ya que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Pero, una vez más, Sánchez no tiene reparos en violar la legalidad si con ello consigue el apoyo de los separatistas.

Entrega de infraestructuras estratégicas. Sánchez también ha decidido entregar infraestructuras clave a los separatistas catalanes. La gestión de los trenes de cercanías catalanes pasará a la Generalitat, afectando a cientos de miles de viajeros diarios. Además, ha aprobado que la seguridad de puertos y aeropuertos quede en manos de los Mossos d’Esquadra, aumentando el control de los independentistas sobre puntos neurálgicos del Estado.

Ceder ante el PNV y los proetarras de Bildu. Las concesiones al PNV y Bildu en el País Vasco han sido igual de indignantes. Sánchez aprobó un decreto-ley para ceder un palacete en París, valorado en 15 millones de euros, al partido nacionalista vasco. En el ámbito penitenciario, en 2021 entregó la gestión de las prisiones vascas, facilitando el acercamiento de presos etarras a cárceles de esta región. Actualmente, sólo 12 de los 261 terroristas de ETA permanecen fuera del sistema carcelario vasco.

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, también cedió a la Ertzaintza las competencias sobre puertos y aeropuertos, un paso más en la creación de un miniestado vasco dentro de España. Además, se ha permitido que las selecciones vascas de pelota y surf compitan internacionalmente como si fueran un país independiente.

La expulsión de la guardia civil en Navarra. En Navarra, el control de la seguridad también ha sido objeto de cesiones al independentismo. Tras entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, el BOE publicó la transferencia de la competencia de Tráfico a la región foral, lo que supuso la expulsión de la Guardia Civil de sus carreteras. En la normativa se deja claro que el objetivo es «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional». En la práctica, una forma de vaciar de contenido la presencia del Estado en la región.

Las cesiones de Pedro Sánchez a los partidos separatistas están debilitando la integridad nacional y rompiendo la equidad entre comunidades autónomas. La entrega de competencias clave a gobiernos independentistas sienta un peligroso precedente que pone en riesgo la soberanía de España. Todo a cambio de mantenerse en el poder.

El problema no es sólo lo que Sánchez entrega hoy, sino la dinámica que está creando: una España donde cada comunidad autónoma con intereses separatistas puede chantajear al gobierno central para conseguir privilegios. ¿Qué más está dispuesto a entregar Sánchez en su afán por conservar el poder? Lo que está en juego no es sólo su continuidad en La Moncloa, sino el futuro de la nación española.