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El sindicato Manos Limpias presenta una acción penal contra Pedro Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias vinculados a la tramitación de la Ley de Amnistía.
Miguel Bernad, secretario general del Sindicato Manos Limpias, ha formalizado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El escrito judicial atribuye a Sánchez la supuesta comisión de tres tipos penales: un delito de prevaricación funcionarial o de autoridad, tipificado en el artículo 404.4 del Código Penal; un delito de cohecho, recogido en el artículo 419; y un delito de tráfico de influencias, conforme al artículo 428 de la misma norma.
La iniciativa procesal surge tras el impacto político y mediático que provocó la publicación en el diario El Mundo, con fecha de 19 de noviembre de 2026, y recoge Periodista Digital, de una entrevista realizada por el periodista Esteban Urreiztieta al expresidente de la Generalitat, el golpista Carles Puigdemont. En consecuencia, la organización denunciante pide al Alto Tribunal que cite a declarar en calidad de testigos tanto al informador que condujo la conversación como al dirigente de Junts per Catalunya.
El origen de la Ley de Amnistía y la negociación en Waterloo
En su escrito ante el Tribunal Supremo, la representación de Manos Limpias reconstruye el proceso político que desembocó en la redacción de la norma de gracia. El sindicato sostiene que la gestación del texto legal ocurrió fuera de las instituciones españolas, involucrando a emisarios socialistas y al propio dirigente independentista.
Sobre este punto, el texto de la denuncia recoge literalmente la posición de la entidad:
«La Ley de Amnistía se cocina en Waterloo (Bélgica) entre emisarios del denunciado, entre otros, Santos Cerdan y José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont. Esta ‘ley a la carta’, elaborada en un borrador por Carles Puigdemont se presenta en el Congreso de los Diputados para su aprobación».
De este modo, la acusación vincula directamente las conversaciones mantenidas en Bélgica con la posterior iniciativa legislativa que impulsó el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales, argumentando que el contenido respondió a las exigencias particulares de los beneficiarios de la medida.
Advertencias previas en el Congreso y debate sobre el reglamento
El secretario general de Manos Limpias subraya en su relato que la organización ya alertó a la Presidencia de la Cámara Baja sobre posibles irregularidades reglamentarias antes de que el pleno votara el dictamen de la ley. El argumento central reside en un supuesto conflicto de intereses de los parlamentarios de las formaciones independentistas catalanas.
Respecto a aquellas gestiones previas y a las resoluciones judiciales posteriores, el escrito señala:
«El denunciante, en nombre de Manos Limpias, se dirige a la Presidente del Congreso de los Diputados tres días antes de su aprobación, advirtiéndole de que los diputados de que ERC y Junts no podían votar, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, por tratarse de una Ley elaborada a la carta y beneficiar únicamente a los referidos diputados de ERC y de Junts. De hecho, la Ley deviene nula de pleno derecho pues se aprobó con una infracción inequívoca al aprobarse con los votos de ERC y Junts sin los cuales no se habría podido aprobar. La sentencia del Tribunal Supremo que ya decretó en su momento que era contraria a derecho y que posteriormente fue revocada ilegalmente por el Tribunal Constitucional».
Con este planteamiento, Manos Limpias cuestiona tanto la validez del procedimiento parlamentario como el encaje constitucional de la norma, confrontando el criterio inicial del Tribunal Supremo con la resolución posterior del Tribunal Constitucional.
La entrevista como elemento probatorio y el intercambio de votos
Para la entidad denunciante, las manifestaciones de Carles Puigdemont ante el diario El Mundo constituyen un elemento determinante que trasciende la mera opinión periodística, al existir un registro audiovisual de las declaraciones. Por ello, insiste en la necesidad de ratificar su contenido en sede judicial mediante la comparecencia de los protagonistas del encuentro.
El documento presentado ante la Sala Segunda expone esta tesis en los siguientes términos literales: «Lo que supone una evidencia en la entrevista a Carles Puigdemont, es el reconocimiento que el denunciado se doblegó por un puñado de votos a aprobar esa ‘ley a la Carta’ para poder ser nombrado presidente del gobierno. La presente denuncia no se basa en simples recortes de prensa, es un testimonio grabado, y no obstante es necesario el testimonio en sede judicial del periodista que efectuó la entrevista, Esteban Urreiztieta y el del entrevistado, Carles Puigdemont».
Finalmente, el secretario general de Manos Limpias resume el núcleo de su imputación penal vinculando la sesión de investidura con la tramitación legislativa de la amnistía, sosteniendo que existió una contraprestación política ilícita:
«El denunciado canjea el otorgamiento de unos votos para su elección como presidente del Gobierno a cambio de otorgar una Ley de Amnistía, que no cabe en nuestra Carta Magna, y que jamás se hubiera aprobado con la abstención obligatoria de los diputados de ERC y Junts. A sabiendas de su ilegalidad el denunciado presenta la Ley en el Congreso de los Diputados. La ley de amnistía deviene de tres presuntos delitos el de prevaricación funcionarial o de autoridad; de un presunto delito de cohecho y de un presunto delito de tráfico de influencias, todos ellos cometidos por el denunciado».
Corresponderá ahora a la Sala Segunda del Tribunal Supremo examinar el contenido de la denuncia y decidir sobre su admisión a trámite o archivo, conforme a los criterios procesales aplicables a las personas aforadas.
La acción de la sociedad civil
Con esta iniciativa judicial, el sindicato Manos Limpias vuelve a situarse en primera línea de la acción popular, ejerciendo los mecanismos de control que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos. Más allá del recorrido procesal que decida el Tribunal Supremo, este tipo de actuaciones ponen en valor el papel activo de la sociedad civil a la hora de fiscalizar la gestión de los poderes públicos y exigir responsabilidades ante los tribunales, recordando que la defensa del Estado de derecho también descansa en la vigilancia constante de las asociaciones y colectivos ciudadanos.
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