El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un nuevo ataque contra la libertad de prensa en España al aprobar un anteproyecto de ley que permitirá vigilar a periodistas, forzar la revelación de fuentes y sancionar con multas millonarias. Esta nueva ofensiva mediática consolida el control sobre la información y cercena el derecho ciudadano a estar informado.
Lejos de proteger el ejercicio periodístico, el Ejecutivo actúa como una maquinaria de censura que anula toda crítica. Ya ha cooptado con subvenciones millonarias a los grandes medios de comunicación, como bien lo refleja el refrán: “quien paga, manda”. Ahora el objetivo son los medios independientes, los incómodos, los que no se arrodillan.
Un anteproyecto disfrazado de protección que permite represión
El anteproyecto, presentado por Félix Bolaños, se justifica bajo el paraguas de la “efectividad del secreto profesional”. Sin embargo, es una trampa legislativa que permite a los jueces ordenar la identificación de fuentes periodísticas cuando haya un supuesto “riesgo grave” para la seguridad nacional. Estas expresiones vagas y manipulables permiten una interpretación arbitraria.
De este modo, el Gobierno podrá someter a los periodistas incómodos a vigilancia, registros, incautación de archivos y multas desproporcionadas. Este ataque directo contra la libertad de prensa en España pone a los medios bajo una lupa represiva al más puro estilo de los regímenes autoritarios.
Además, se contempla el uso de herramientas de espionaje en dispositivos electrónicos de periodistas, aunque no hayan cometido delito alguno. Basta con haber accedido a información que pueda considerarse comprometida. Esto convierte a los informadores en sospechosos permanentes y ataca la columna vertebral del periodismo libre.
El golpe judicial-mediático de Sánchez se acelera
El Plan de Acción por la Democracia de Sánchez no es otra cosa que un plan de control y sumisión de las voces críticas. Se incluye un registro de medios, la reforma de la Ley de Protección del Honor y limitaciones a la libertad empresarial en el sector periodístico. Todo ello sin tocar a los medios públicos que siguen funcionando como altavoces de propaganda gubernamental.
Mientras se debilitan los pilares del periodismo independiente, se fortalece un aparato de censura financiado por el propio Estado. El proyecto, aunque presentado como “consensuado”, ha sido redactado con total opacidad y sin contar con asociaciones periodísticas verdaderamente independientes.
La libertad de prensa en España está siendo asfixiada. Se imponen normas arbitrarias, se vigila al periodista, se persigue al informador y se castiga la verdad. Y todo esto ocurre mientras el Gobierno lanza su ofensiva final con una ley de secretos oficiales acelerada y sin transparencia.
La ley de secretos oficiales: herramienta totalitaria para silenciar
El mismo Ministerio de la Presidencia que promueve la vigilancia de periodistas ha forzado la tramitación exprés de la nueva ley de secretos oficiales, una reforma que llevaba dos años congelada y que en solo una semana ha sido enviada al Consejo de Ministros.
Con esta reforma, cualquier información que pueda afectar al Ejecutivo podrá ser clasificada como “secreto”. No importan los derechos del ciudadano, ni la transparencia, ni el interés general. Todo podrá ocultarse bajo el manto de “seguridad nacional”.
El Ministerio de Defensa solicitó un aplazamiento para evaluar el texto. Se le negó. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) presentó observaciones. Fueron ignoradas. La ley se ha aprobado por imposición, sin diálogo y sin consensos. Un modelo autoritario que deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno: acallar cualquier voz que incomode.
Sánchez oficializa la mordaza a los medios críticos
La reciente norma permitirá al Gobierno imponer multas de hasta 2,5 millones de euros a periodistas que accedan a documentos considerados confidenciales, aunque ni siquiera los publiquen. Es el modelo soviético, cubano o venezolano.
Mientras tanto, los grandes medios comprados con subvenciones seguirán operando con total impunidad. La persecución es selectiva y clara: eliminar al disidente, silenciar al independiente y convertir el periodismo en una herramienta dócil del poder político.
Este escenario es incompatible con una democracia. La libertad de prensa en España ha sido dinamitada por un Gobierno que actúa como dictadura. Hoy, quien escribe la verdad es perseguido, y quien se calla es premiado. El mensaje está claro.
Una dictadura con rostro amable: el disfraz democrático del autoritarismo
Sánchez ha conseguido imponer su modelo de control absoluto. Primero la justicia, después el Congreso, y ahora la prensa. Ya se expulsó a periodistas del Parlamento por ser críticos. Ahora se busca controlar hasta sus fuentes.
Mientras la sociedad española aún celebra la paralización de la infame ley Bolaños, que pretendía el control del Poder Judicial, Sánchez aprovecha para imponer otra ley liberticida. Esta vez, un golpe mediático. Es el avance silencioso de una dictadura revestida de democracia.
Y como señala con sarcasmo la crónica final: “Lo mejor sería declarar todo secreto oficial, incluso lo que hacen las sobrinas del Gobierno”. Es la solución perfecta de un régimen que no soporta la luz.
Sin libertad de prensa no hay democracia
La libertad de prensa en España está siendo laminada por decisiones autoritarias que nada tienen que ver con el bienestar público. Cuando un periodista debe elegir entre informar o ser multado, entre callar o ser espiado, la libertad ha muerto.
Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas. Ha decretado el final de la prensa libre. Hoy más que nunca, hay que alzar la voz.
