La idea es que, una vez se apruebe esta ley acordada con los proetarras de Bildu, se pondrán en marcha las conversaciones con la familia Primo de Rivera para proceder a la exhumación. El texto de la norma determina que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas» y añade que «se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto». Es en este punto donde considera el Gobierno que tiene encaje la exhumación del fundador de la Falange.
Se contradicen entre ellos
La ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo llegó a asegurar que no se exhumaría a Primo de Rivera como sí se hizo con Francisco Franco porque en este caso se le podría considerar «una víctima». El líder falangista fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 por el Gobierno de la Segunda República. Tiempo después, sin embargo, Félix Bolaños confirmó que el Gobierno sí reubicaría los restos en cumplimiento de la nueva ley de memoria porque ningún «protagonista de la dictadura» podría estar en un «lugar preponderante» del Valle de los Caídos.
Exhumaciones
El Ejecutivo también quiere acelerar la exhumación de los restos que actualmente yacen en el Valle de los Caídos. Esos trabajos fueron suspendidos el año pasado por un juez de Madrid al considerar que podrían producirse daños irreparables y el Gobierno estaba a la espera de que la Justicia levantase las medidas cautelares, algo que se produjo hace unos días.
El propio Ministerio de la Presidencia ha reconocido que estas labores serán complejas, debido a las grandes dificultades técnicas, y también ha advertido de que entrar en las criptas no garantiza que se localicen los cuerpos que se buscan.
Novedades
La ley de «memoria democrática» ha pasado este lunes un trámite parlamentario fundamental, con la aprobación del dictamen de la ponencia en la Comisión Constitucional. El proyecto se llevará ahora al Pleno del Congreso, donde se votará el próximo 14 de julio, y de ahí, al Senado. La idea del Gobierno es que se publique en septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La negociación con los grupos ha derivado en varias novedades importantes. Así, por ejemplo, se declara «ilegal» el régimen franquista y se procederá a la nulidad de todas sus condenas para aquellos que lo soliciten. Además, la lengua y cultura vasca, catalana y gallega serán consideradas «víctimas» y se suprimirán hasta 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978.
Otra de las novedades importantes que se han incorporado es que todas las víctimas, con la nueva ley, tendrán «derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado». Y eso implica reconocer también «el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura», una medida para la cual la Administración estará obligada a llevar a cabo una auditoría en un plazo máximo de un año.
(Con información de VozPopuli)
