A 11 días para las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021, Pedro Sánchez ya está entregado de hoz y coz a los separaristas.
El presidente del Gobierno no tiene el más mínimo disimulo en convertir la campaña de los comicios para la presidencia de la Generalitat de Cataluña en una especie de gran bazar turco en el que todo se compra y se vende en función de sus intereses particulares.
En el pleno del Congreso de los Diputados celebrado en la tarde del 2 de febrero de 2021, al Ejecutivo socialcomunista le faltó tiempo para abrazar con alborozo la propuesta del partido del independentista preso Oriol Junqueras.
El PSOE y Unidas Podemos votaron favorablemente a la moción presentada por ERC en la que se compromete a convocar tras las elecciones del 14-F una mesa de diálogo en la que se van a abordar dos cuestiones claras, la autodeterminación y la amnistía.
Todo esto, además, cuando el propio Gobierno catalán ha retado y provocado a La Moncloa con la suelta de los delincuentes del procés, es decir, los Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn o los Jordis, Sánchez y Cuixart, con una suerte de tercer grado que les permite no solo hacer campaña en favor del secesionismo, sino que además amenazan con volver a perpetrar otro 1-O como ya hicieran en el año 2017.
ERC se apunta un doble tanto con la estimación de la propuesta por parte del eje socialcomunista presidido por Pedro Sánchez ya que, legalmente, la autodeterminación no está reconocida en el marco legal español y la amnistía de manera grupal tampoco es una figura que recoja la Carta Magna de 1978.
Evidentemente, lo que los independentistas de Oriol Junqueras pretende garantizarse es que Pedro Sánchez no se lave las manos una vez pasados los comicios catalanes, sobre todo en el remotísimo caso de que Salvador Illa, el candidato del PSC-PSOE, lograse alcanzar la poltrona de la Generalitat sin la necesidad de tener que recurrir al comodín de los partidos secesionistas.
El propio Illa, en una entrevista en La Razón este 3 de febrero de 2021, no quiere quemar antes de tiempo sus naves y se posiciona en un lugar ambiguo a la hora de hablar sobre lo que le parece que la Generalitat de Cataluña haya concedido unilateralmente el tercer grado a los presos independentistas:
Soy partidario de que no tengan ningún perjuicio ni tampoco ningún privilegio. Como ciudadanos, tienen derecho a solicitar un indulto y en ese caso el Gobierno tiene la obligación de tramitarlo. Es lo que se está haciendo ahora y no voy a pronunciarme hasta que no se acabe la tramitación y veamos el contenido de los distintos informes. Ya daré mi opinión.
Como bien reza el editorial de El Mundo de este 3 de febrero de 2021:
El PSOE, pese a que presenta a Illa como el candidato capaz de sustituir a Ciudadanos como fuerza hegemónica del constitucionalismo, aspira en realidad a la reedición de un nuevo tripartito con el independentismo, blanqueando su golpe a cambio de poder. Por otro lado, ERC se encuentra presionado por la resistencia de la base electoral de Junts, lo que le lleva a redoblar las presiones a un Gobierno dependiente del secesionismo desde la moción de censura de Sánchez y su firma del claudicante documento de Pedralbes con Torra. Mientras, Junqueras se atreve a despreciar los indultos y reitera su apuesta por el rupturismo. Plegarse a sus demandas erosiona al Estado.
