Sánchez ata “in extremis” los votos de Ciudadanos y PNV

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Sánchez ata “in extremis” los votos de Ciudadanos y PNV para prorrogar el estado de alarma.

El Gobierno no está dispuesto a renunciar al estado de alarma para pilotar la desescalada, pero sí a negociar sus condiciones y permitir una mayor implicación de los partidos y los territorios en las distintas fases que componen la hoja de ruta hacia la «nueva normalidad». La votación que hoy tendrá lugar en el Congreso de los Diputados para avalar el mantenimiento de la situación de excepcionalidad ha obligado al Ejecutivo a hacer a contrarreloj un esfuerzo de pedagogía y diálogo con la oposición y las autonomías. Le ha servido para constatar que su estrategia de hermetismo en la gestión del coronavirus les ha dejado solos al frente de la crisis. La crítica es unívoca y vertebra a socios, partidos a derecha e izquierda y territorios de uno y otro signo. En Moncloa han recuperado la calculadora que los acompañó durante el proceso de la investidura y, aunque podrán sacar adelante la cuarta prórroga hoy en el Parlamento, la incertidumbre se cierne sobre las sucesivas –al menos tres más– que necesitan para pilotar el proceso de desescalada hasta finales de junio. Para ello, el Gobierno cerró ayer un acuerdo con Ciudadanos y el PNV para alumbrar una mayoría lo suficientemente solvente que les permita no depender en el futuro del PP y los independentistas catalanes de ERC, a quienes dejan fuera de juego.

En todo caso, el estado de alarma se sigue considerando «imprescindible» y la única vía –«no hay alternativa», repiten desde el Gobierno– para controlar la libertad de movimientos que evite la transmisión del virus. El real decreto que hoy se llevará al Congreso se ha redactado en los mismos términos que los precedentes, pero se introduce una ligera variación, adaptándose a la nueva etapa de desescalada, de manera que se «refuerzan los mecanismos de cogobernanza para poner en valor la participación de las Comunidades Autónomas dentro de la guía de acción» para las sucesivas fases que la componen. Es decir, este mecanismo de «cogobernanza» es la ventana de oportunidad que el Ejecutivo ha abierto a las regiones para ir modulando y cediendo competencias a los territorios en el futuro para que vayan ganando peso en el proceso decisorio hacia la «nueva normalidad».

Una fórmula similar al «mecanismo de codecisión» que se demanda desde el PNV y que permite a los nacionalistas vascos apoyar que prospere la prórroga. Los jeltzales en ningún caso se planteaban alinearse con el bloque del «no» de Vox y los independentistas catalanes (Junts per Catalunya, ERC y CUP) del que el PSOE ha sido incapaz de sustraer a sus socios republicanos. Carmen Calvo descolgó ayer el teléfono para intentar persuadir al más alto nivel a Andoni Ortuzar (PNV) y Pere Aragonés (ERC), después de que los esfuerzos de Adriana Lastra con Gabriel Rufián a nivel parlamentario fueran en vano y la ejecutiva republicana optara por el «no». Los nacionalistas gallegos del BNG optarán finalmente por la abstención y en una postura similar se espera al PP, del que «no se entendería que votara en contra».

Calvo también habló con los barones territoriales del Partido Popular. Enarbolando el «divide y vencerás» y saltándose a su líder, Pablo Casado, que ya transmitió en privado a Pedro Sánchez el lunes que no apoyaría la prórroga, el PSOE optó por la ofensiva territorial y diferenciada con aquellos líderes que tienen responsabilidades de gobierno y cuya afectación por la crisis les hace más «permeables» a las demandas del Gobierno.

Dicho y hecho. Presidentes como Feijóo, Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno se han mostrado partidarios de dar tiempo al Ejecutivo –permitiendo la prórroga de hoy en el Congreso– para que sea capaz de organizarse en el futuro y plantear una nueva estrategia de desescalada. Moncloa ha captado el mensaje de que su «unilateralidad» no le favorece en esta crisis e intensificará la comunicación y reforzará los contactos con las autonomías para tejer una hoja de ruta común hacia la nueva normalidad. Hoy el ministro de Sanidad se reunirá con los territorios para estudiar cuáles progresan de fase a partir del día 11 de mayo y en el futuro se podrá ir abriendo la mano de manera que se vayan recuperando de forma progresiva algunas de las competencias que se han asumido por el Estado durante la situación de excepcionalidad del estado de alarma.

Ciudadanos, socio preferente

Ciudadanos recupera su papel de partido decisivo y regresa al centro, convirtiéndose de nuevo en la bisagra de pactos. La formación naranja y el Gobierno llegaron ayer a un acuerdo para mantener el estado de alarma en la lucha contra el virus. De esta forma, semanalmente habrá contactos para informar sobre la evolución de la crisis y consensuar medidas en la desescalada. Ambas partes consideran que «es necesario prorrogar el estado de alarma» porque es el mecanismo constitucional necesario para afrontar esta pandemia, pero solo «por el tiempo estrictamente necesario». En las tres prórrogas anteriores la formación naranja le había dado el «sí» a Sánchez y le había tendido la mano al tiempo que le recordaba que este apoyo no era un «cheque en blanco». Ahora se oficializa este apoyo de manera que Sánchez ata sus números para futuras votaciones.

Arrimadas logra así su objetivo de que el Gobierno consensúe con su partido las medidas y lo hace tras reactivar la interlocución con Sánchez. Esa llamada se produjo el lunes y, según fuentes de Cs, ambos iniciaron la negociación de la prórroga del estado de alarma. De hecho, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros apuntó ayer que Cs podría estar negociando la presidencia de la comisión de reconstrucción a cambio de «ciertos votos» que se materializarían hoy. Sin embargo fuentes de Cs indicaron que es «falso».

El acuerdo alcanzado con Ciudadanos tendrá también su extensión con el PNV de manera que el Gobierno se asegure los votos necesarios para superar las sucesivas prórrogas del estado de alarma que necesita para mantener la excepcionalidad hasta que acabe la desescalada a finales de junio. Una ampliación que no le obligaría a depender del Partido Popular ni de los votos independentistas de ERC, que han virado de la abstención al «no» en las últimas horas.

(C. S. Macías | Ainhoa Martínez. Diario La Razón)