El gobierno de coalición socialista-comunista-separatista ha propuesto una “ley de familias” que, lejos de proteger la institución familiar, la redefine y “prostituye” el concepto de familia, según denuncian diversas plataformas familiares.
Pedro Sánchez sigue con su hoja de ruta para controlar todos los resortes y ahora es la de tomar el control de la educación en la educación de los hijos quitándoselo a los padres. Así confirmó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de la semana pasada su intención de sacar adelante la nueva Ley de Familias y atender a todas «las realidades familiares» de la población.
«Les anuncio que en las próximas semanas los partidos del Gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva ley de familias en esta cámara, que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad«, afirmaba el líder socialista.
No para. A pesar de los escándalos de corrupción que le está afectando sigue con su hoja de ruta.
La nueva “ley de familias” y su controvertida redefinición
La “ley de familias” que el gobierno de Sánchez pretende implementar bajo la excusa de diversidad y protección lo que busca es establecer y promover nuevos tipos de estructuras familiares y otorgarles derechos y protecciones específicos, equiparándolos con la familia.
Esta legislación, impulsada en gran parte por los comunistas de Podemos-Sumar ha sido criticada y rechazada por ser un ataque directo a la familia y a los valores y funciones sociales que cumple la institución. En efecto, diversas plataformas, entre ellas Plataforma Siempre Seremos Familia, han alzado la voz contra esta medida por ser una ley que no solo distorsiona el concepto de familia, sino que amenaza con destruir la esencia de la familia en España.
Esta ley “prostituye el concepto de familia”, desviándolo de su esencia y contribuyendo a desnaturalizar el significado mismo de la institución familiar. La familia es el pilar de la sociedad, y esta ley no hace más que atacar ese núcleo con conceptos que no tienen nada que vez con la familia ni sus funciones sociales.
Principales puntos controvertidos de esta nefasta ley
La ley de familias propone diversos cambios en la forma en que el Estado reconoce y apoya las diferentes estructuras a las que denomina familias. A continuación, algunos de los puntos más regresivos de la legislación:
Promoción de la «Uniones LGTBI»
La ley introduce una serie de términos que diluyen el concepto de familia al dar reconocimiento legal a uniones que van más allá de la familia formada por el matrimonio de padre, madre e hijos ya que la ley también genera un nuevo marco de reconocimiento y protección para las uniones LGTBI equiparándolas a la familia. Según la Plataforma, esto representa “un intento de diluir el concepto de familia natural en un sinfín de estructuras que no mantienen los vínculos naturales y tradicionales”.
Reconocimiento de las “familias escogidas”
La inclusión de las llamadas “familias escogidas” considera familia a grupos que no mantienen lazos de consanguinidad ni matrimoniales. Según el portavoz de Plataforma Siempre Seremos Familia, “esta ley intenta legitimar la sustitución de la familia, presentando cualquier tipo de grupo como si fuera familia y eliminando la importancia de los lazos naturales y tradicionales”. Este cambio busca sustituir el concepto de la familia en la sociedad española. Si todo es familia, ya nada es familia.
Protección a familias “diversas”
La legislación también proporciona apoyo a familias que se identifican como diversas, un término ambiguo que abarca desde familias monoparentales a familias homoparentales.
Fomento de modelos familiares alternativos
A través de ayudas económicas y fiscales, el gobierno incentiva a los nuevos modelos familiares a través de la nueva ley, relegando la protección a las familias que ya de por sí ha sido tradicionalmente mínima. Recuérdese que España es el país de la UE que menos ayuda a la familia. Estas políticas buscan incentivar la fragmentación de la estructura social familiar.
Se equipara las familias monomarentales a las familias numerosas
La norma contempla la creación de un nuevo título acreditativo, el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que conlleva los mismos beneficios y derechos de los que disfrutan las conocidas hasta ahora como familias numerosas.
Este nuevo paraguas creado por el Ministerio incorpora también a las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad; las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, y las familias con dos hijos en la que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión. Es una forma de eliminar el título de familia numerosa, despojando de su valor a la familia con varios hijos, que ha sido siempre una contribución social esencial.
Reducción de los requisitos para ser familia numerosa especial
La ley rebaja de cinco a cuatro los hijos necesarios para ser familia numerosa especial, y aplica otras flexibilidades para incluir familias con menos hijos en casos específicos. Estos cambios buscan difuminar las diferencias entre la familia y los nuevos modelos impulsados desde la agenda política actual.
Equiparación entre matrimonios y parejas de hecho
La equiparación de derechos entre matrimonios y parejas de hecho es otro de los puntos de fricción. La ley otorga a las parejas de hecho los mismos permisos que a los matrimonios, lo cual elimina la necesidad de formalizar la unión y reduce el valor del matrimonio como base de la familia.
Usurpación del papel educador de los padres: Prohíbe el pin parental
Otro aspecto muy nefasto de la ley es la usurpación del papel educador de los padres. Bajo la normativa, el Estado se arroga el papel único educador controlando las decisiones educativas que deben tomar las familias, y elimina el derecho de los padres a impedir que sus hijos accedan a contenidos sobre “diversidad familiar” en el ámbito educativo. Es anticonstitucional porque no respeta el papel de los padres como educadores de los hijos, y restringe el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, exponiéndolos a una doctrina ideológica sin opción de elección. “Los progenitores no podrán limitar el acceso a contenidos de diversidad, lo que restringe su derecho de decisión”, denuncia la plataforma.
Críticas de las plataformas familiares: “una ley contra las familias”
Siempre Seremos Familia rechaza y denuncia el impacto de la ley, que consideran un intento deliberado de sustituir la familia y reducir su importancia en la sociedad. “Esta no es una ley para las familias; es una ley contra las familias”, afirman. Las plataformas familiares insisten en que el gobierno utiliza términos como diversidad y equidad para destruir la esencia de la familia natural y establecer una nueva narrativa social en la que cualquier grupo o estructura pueda ser considerado familia.
“Están prostituyendo el concepto de familia, despojándolo de su identidad y otorgando reconocimiento a cualquier grupo, sin lazos que refuercen los valores que la familia natural aporta a la sociedad”, señalan. Para estas plataformas, la nueva ley es un intento encubierto de imponer una ideología que no solo va en contra de la familia sino que la vacía de contenido. Su objetivo es destruir la familia.
Con esta ley de familias, el gobierno desvirtúa abiertamente el concepto de familia, imponiendo estructuras que no solo rompen con los valores esenciales que representa la familia, sino que también alteran el sentido mismo de la institución familiar en España. Frente a esta ofensiva, plataformas como Siempre Seremos Familia han iniciado una serie de acciones para informar a la sociedad sobre este peligro para el núcleo de la cultura española.
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