PP y PSOE aplican la misma política. Unas veces uno legisla y el otro consolida. En otras ocasiones ocurre al revés. Ambos partidos comparten una visión globalista. En esta ocasión, sin la legislación aprobada por el PP, las propuestas actuales del Ejecutivo de Sánchez carecerían de cobertura jurídica suficiente.
La regularización masiva de inmigrantes ilegales que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez no surge de la nada. Aunque el PSOE asuma hoy el protagonismo político, el armazón jurídico que lo hace posible nació con el Partido Popular. Sin la legislación aprobada por el PP, las actuales propuestas carecerían de cobertura legal suficiente.
España repite un patrón histórico. Desde los años ochenta, los distintos gobiernos han recurrido a procesos extraordinarios de legalización de inmigrantes ilegales. Ahora el Ejecutivo socialista habla de 500.000 beneficiarios, pero distintos informes elevan la cifra real por encima de 840.000. Algunos cálculos incluso advierten que podrían alcanzarse los dos millones en apenas un año.
El motivo resulta claro. La reagrupación familiar multiplica el impacto de cada regularización. Cada inmigrante legalizado abre la puerta a nuevos flujos. La regularización masiva de inmigrantes actúa así como un potente efecto llamada que desborda cualquier previsión oficial.
El origen legal del sistema de arraigo y la reagrupación familiar
El núcleo del modelo se remonta al año 2000, con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España. El Gobierno de José María Aznar impulsó esta norma con mayoría absoluta del PP.
Esta ley consolidó el derecho a la reagrupación familiar y sentó las bases jurídicas del llamado arraigo. Aunque el término se desarrolló después en los reglamentos, la estructura legal nació en esa reforma impulsada por los populares.
El arraigo permite acceder a la residencia administrativa por el simple hecho de permanecer en España durante un tiempo determinado y acreditar vínculos personales o familiares. No se trata de una anomalía posterior, sino de una decisión política adoptada en origen por el PP.
Con la reagrupación familiar ocurrió algo similar. Existían antecedentes, pero fueron los gobiernos del PP quienes la definieron, sistematizaron y normalizaron dentro de la política migratoria. Los reglamentos aprobados durante sus mandatos integraron esta figura como un elemento estructural del sistema.
Los gobiernos socialistas posteriores ampliaron y flexibilizaron estos mecanismos. Sin embargo, siempre actuaron sobre una base legal construida por el PP. La regularización masiva de inmigrantes actual se apoya directamente en ese marco jurídico.
PP y PSOE: la misma política migratoria
El discurso del Partido Popular contra las regularizaciones resulta contradictorio. En abril de 2024, el propio PP votó a favor de la toma en consideración de una iniciativa parlamentaria para regularizar inmigrantes ilegales. A ello se suman numerosas declaraciones públicas de dirigentes del partido de Alberto Núñez Feijóo defendiendo una visión emocional de la inmigración. Desde apelaciones al “corazón así de grande” hasta elogios al “Madrid de los acentos”, el PP ha promovido históricamente un relato amable sobre la llegada masiva de extranjeros.
En la práctica, PP y PSOE aplican la misma política. Unas veces uno legisla y el otro consolida. En otras ocasiones ocurre al revés. Ambos partidos comparten una visión globalista que renuncia a la defensa firme de las fronteras.
La regularización masiva de inmigrantes no representa una ruptura. Representa la continuidad de un modelo que ha debilitado el control migratorio durante décadas.
El efecto llamada y la presión social
Cada regularización genera un mensaje claro al exterior: entrar ilegalmente en España acaba teniendo premio. El sistema de arraigo y reagrupación familiar transmite que la ilegalidad se transforma en derecho con el paso del tiempo.
Este efecto llamada se refleja en las cifras. Tras cada proceso extraordinario, las entradas irregulares aumentan. Las mafias utilizan la legislación española como argumento comercial. Prometen papeles, ayudas y estabilidad futura. Mientras tanto, los servicios públicos soportan una presión creciente. Sanidad, educación, vivienda y ayudas sociales afrontan una demanda cada vez mayor. El contribuyente paga la factura de una política que no responde al interés nacional.
La regularización masiva de inmigrantes ilegales no resuelve problemas estructurales. Los agrava. Genera dependencia, precariedad laboral y tensiones culturales. Además, debilita el principio de legalidad que debe sostener cualquier Estado serio.
La regularización masiva de inmigrantes que impulsa hoy el PSOE no existiría sin la legislación creada por el PP. Ambos partidos comparten la responsabilidad histórica de un modelo migratorio fallido.
La verdadera solidaridad no consiste en abrir las puertas sin límites. Consiste en proteger la legalidad, garantizar la convivencia y priorizar a las familias españolas que sostienen el país con su trabajo y sus impuestos.
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