Julio García, Opinión, Otros colaboradores

Piensa patrióticamente, actúa localmente | Julio García

La Constitución, en su Artículo 140, “garantiza la autonomía de los municipios.” El Artículo 141 define la provincia como “una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.”

Estos escuetos principios son los que rigen legalmente para toda la organización municipal y provincial española. Las Comunidades Autónomas se han llevado la parte del león en apoyo, dinero y efectivos humanos.

Aun siendo los entes locales los menos favorecidos en el reparto de nuestros impuestos, el gran incremento del peso del sector público también ha afectado a la Administración Local, en especial a los municipios.

Analizamos algunos de los temas que deberían estar incluidos en la agenda de las Administraciones locales. En la mayoría de los casos, los problemas que plantean son muy similares a los de las Comunidades Autónomas y el Estado: Una recalcitrante batalla de propaganda de la izquierda y los separatismos; inflación burocrática de las administraciones locales con multitud de “amigos” del poder; dirigismo estatista también a escala local; corrupción con obras en muchos casos innecesarias; chiringuitos ideológicos; más impuestos a añadir a los autonómicos y estatales; tolerancia culpable hacia varios fenómenos que hacen la vida imposible a los vecinos: okupación, inseguridad ciudadana, inmigración ilegal, tratas, tráficos; dificultades para los pequeños comercios y emprendedores; creación artificial de cuellos de botella y desigualdad urbana a causa del fanatismo climático; urbanismo dirigista que encarece el acceso a la vivienda a importantes sectores de la población, y sospechosamente unido a múltiples casos de especulación y corrupción.

En la mayoría de los problemas es válida la propuesta elaborada para las autonomías, desarrollada en otro lugar.

Analizaremos algunos temas del ámbito específico municipal. Recogemos una síntesis de ideas, así como las aportaciones más relevantes que hemos encontrado:

Suelo. En el nivel local se toman muchas decisiones importantes que afectan al suelo disponible para vivienda. Hemos visto recientemente (https://www.youtube.com/watch?v=YkgXpwlV1P4) a la presidenta de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) explicar con claridad en un ejemplo cómo una deficiente política y legislación urbanística puede incrementar en más de 100.000 euros el coste del suelo en una vivienda promedio de 200.000 euros; es decir, aumenta el 50 % del precio final.

Se trata de agilizar los trámites para conseguir suelo urbanizable (ahora se tarda una media de 20 años desde que se adquiere el suelo hasta que es posible empezar a construir, según ASPRIMA), cambiar la legislación para flexibilizar los Planes Generales de Ordenación Urbana, aumentar la oferta de suelo disponible, y rebajar la carga impositiva: el coste del suelo junto con todos los impuestos puede llegar a suponer más de 60 % del precio final de una vivienda.

Diputaciones. Vamos a ver el caso particular de las Diputaciones Forales, vascas y navarra. Las Diputaciones forales vascas se rigen fiscalmente por el Concierto Vasco; y la navarra por el Convenio Navarro. La Diputación Foral navarra está absorbida por la autonomía uniprovincial navarra. El Estatuto vasco ha centralizado el Concierto en el Gobierno Autonómico Vasco. Al tratarse de una competencia provincial asumida impropiamente por una autonomía lo analizamos aquí.

El Concierto y el Convenio son los sistemas fiscales por los que las Diputaciones Forales recaudan la mayoría de los impuestos (incluidos los estatales) de su territorio, y se quedan con todo lo recaudado, excepto una cantidad que pagan al Estado, denominada Cupo.

El cálculo de los Cupos, especialmente el vasco, es uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. PP y PSOE “negocian” con las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco (es decir, con el PNV), y aprueban en el Congreso cada renovación del Concierto y del cálculo del Cupo con una Ley de artículo único que no permite enmienda alguna; lo más parecido legislativamente a decir “amén”. Lo llevan haciendo con sigilo desde hace más de cuarenta años.

Es difícil conocer el detalle de los números reales; es decir, cuánto contribuyen fiscalmente las provincias vascas o navarra al conjunto español. Ni PSOE, ni PP, ni por supuesto el PNV critican nada, faltaría más, están de acuerdo en todo y lo defienden a ultranza.

Sólo hemos visto algunos escasos trabajos que cuestionen con rigor las cifras oficialistas del Concierto y el Convenio; el más sólido y razonado es el de Félix García de Pablos (1) a (3); así como una ponencia de Agustín Manzano Mozos, de la Junta de Castilla y León en 2018 (4), y poco más, (5)

En los estudios citados se estima que Vascongadas y Navarra dejan de contribuir al fondo común del Estado en más de 5.000 Millones de euros anuales (Concierto Vasco) y más de 1.000 Millones de euros anuales (Convenio Navarro), respectivamente. Un déficit total de Cupos de más de 6.000 Millones anuales. Aunque los ciudadanos vascos y navarros pagan los mismos impuestos que el resto de los españoles, los órganos autonómicos disponen de más dinero que cualquier otra región de España.

Otra forma más sencilla de ver el escamoteo que supone para el conjunto de los españoles es hacer una regla de tres. La aportación del Cupo vasco (es decir, lo que pagan las Diputaciones al Estado) fue en 2.024 de 1.485,5 M de euros. El Concierto especifica que pagarán el 6.24 % de la aportación a los gastos del Estado, por lo que haciendo las cuentas saldría que pagan como si el Estado Central tuviera un gasto de 23.806 M. Dado que los gastos de la Administración General del Estado son de 97.104 M de euros, el Cupo real supondría el 6.24 % de 97.104 = 6.053 M de euros. La diferencia es de 6.053-1.486= 4.567 M, sensiblemente parecida a la calculada por García de Pablos. A ello hay que añadir que las Diputaciones forales vascas no pagan los intereses de la deuda del Estado ni las transferencias a otras autonomías, según el Concierto.

La Constitución establece, en su Artículo 138.2, que “las diferencias entre los estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.” Un asunto de gran importancia económica, que afecta a la solidaridad entre españoles. Una deuda histórica muy real, de territorios que contribuyen mucho menos de lo que deberían, que hay que solucionar.

Impuestos municipales. Hablemos del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Resulta difícil entender el porqué de este impuesto, que grava el simple uso o tenencia de una vivienda. El IBI se sitúa entre el 0.4% y el 1.1 % del valor catastral de los inmuebles, incluyendo la vivienda propia. Ya que -salvo que se viva debajo de un puente- todo el mundo vive siempre en alguna casa, a lo largo de la vida de cualquier persona se ha pagado por este concepto entre un 30 % y un 70 % del valor catastral de la vivienda. Como los arrendadores de viviendas tributan por este impuesto, los que alquilan una vivienda lo están pagando también indirectamente.

Por una vivienda ya se han pagado en dinero o en especie multitud de impuestos: El IVA (10 %); las cesiones municipales y supramunicipales de suelo (mínimo el 10 %); en la construcción, varios impuestos (los que pagan los trabajadores, sobre el beneficio del constructor, los impuestos de los combustibles del transporte de los materiales, impuestos sobre la energía, etc.), tasas e impuestos municipales y autonómicos, así como el Impuesto de Sucesiones. Salvo que el motivo de la existencia del IBI sea por su facilidad recaudatoria -nos tememos que así es-, no se entiende por qué hay que pagar este impuesto sobre un importe que ya lleva incorporado varios impuestos. Impuesto sobre impuesto. Parece conceptualmente absurdo y confiscatorio. Sobre todo porque es un sumando más a añadir al fuerte gravamen impositivo de los españoles.

Reducción de escalones administrativos. Ya expusimos anteriormente el solapamiento incontrolado de administraciones: europea, estatal, autonómica, provincial y local (a veces hay dos administraciones municipales, Ayuntamiento y Juntas de Distrito). Una aplicación correcta del principio de subsidiariedad implica que se debe traspasar poder a los entes más cercanos a la vida de las personas: municipios y provincias, descentralizando competencias asumidas actualmente por las comunidades autónomas, de forma que la nueva organización (local y provincial) tenga menos burocracia y menos niveles que la anterior.

Fusión administrativa integral de Ayuntamientos, para alcanzar un tamaño mínimo a determinar en función de parámetros objetivos, que facilite la adecuada defensa de los intereses de los vecinos y la prestación eficiente de los servicios municipales necesarios, con menor coste político. Reducción de los entes locales a uno sólo de: Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios, Comarcas y Áreas Metropolitanas.

Reducción de los cargados organigramas políticos y administrativos de los gobiernos locales. La inflación burocrático-estatista afecta también a los Ayuntamientos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid el personal eventual y directivo, es decir políticos y ayudantes puestos a dedo, supone un total de 386 personas, con un coste anual de 29 Millones de euros. Además, en el organigrama de personal del Ayuntamiento de Madrid hay, s.e.u.o., 3.970 puestos de libre designación (de un total de 31.770 funcionarios), entre los que se encuentran entre otros: 57 Asesores, 265 Consejeros, 201 Subdirectores Generales, 499 Jefes de Servicio, 805 Jefes de Departamento, 1062 Adjuntos, 24 Secretarios, 19 Coordinadores, 28 vocales, 10 Directores, 8 Jefaturas; la gran mayoría con los niveles retributivos más altos de la Administración (salarios de seis cifras, o próximos). El coste total de personal previsto para 2025 es de 2.093 Millones de Euros; hay 82 liberados sindicales, y 40 liberados por horas, con un coste de 14.5 M €.

Hay más jefes que asuntos. ¿Un alto cargo por cada plazoleta? ¿Por cada vado?

Dentro de la necesidad de hacer una auditoría a fondo de todas las administraciones -incluyendo las locales-, queda un trabajo muy importante de modernización y optimización de las mismas en el que debe estar incluido el desvincular a los funcionarios de los vaivenes del poder, y poner un coto a los sueldos y número de personas que los reciben, que son inalcanzables a la gran mayoría de los españoles. Una “brecha” poco señalada.

Eliminación de todas las subvenciones “políticas” de los siguientes grupos y de las actividades que desarrollan: partidos, sindicatos, patronales, asociaciones de género, de vecinos, consumidores, ecologistas, guerracivilistas, prensa privada (campañas aparentemente institucionales, anuncios, suscripciones de cada concejalía o cargo político de cualquier ente local), ONGs, colectivos inventados o subvenciones a otros países. En los municipios que conocemos (Madrid) hemos visto chiringuitos ideológicos con el eufemismo de “Espacios de Igualdad” que han tenido subvenciones millonarias en las últimas legislaturas.

Seguridad. Aunque compartida con las FCSE, esta es una clara competencia municipal, que afecta especialmente a temas de seguridad, vigilancia y prevención de actividades potencialmente delictivas. En este sentido, la labor de la Policía Local es imprescindible. La ocupación, la seguridad ciudadana, las tratas, los tráficos, los ilegales, la venta sin permisos, aparcacoches, manteros, etc., requieren de una acción que nos consta que la Policía Local ejerce con gran profesionalidad y eficacia. El problema está en las decisiones de los actuales políticos, que amparan la no intervención de la Policía Municipal en contra de los intereses de los vecinos.

Puede parecer que los temas que hemos planteado son de carácter exclusivamente técnico, pero no es así. La mayor parte de lo que hemos visto tiene su origen en una muy deficiente gestión de la oligarquía bipartidista, siempre presta a beneficiarse de la política a nuestra costa, a la que hay que sumar la batalla del socialismo (y sus apocados cómplices centristas) por imponer machaconamente sus prejuicios a los españoles.

Al luchar por un municipio mejor se están dando los pasos que conducen a una España mejor.

Julio García | Escritor