La red abortista autodenominada “Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro – CLACAI” sostiene que los cuerpos de los bebés abortados nunca deberían ser registrados como muertes fetales en las estadísticas oficiales. Propone abiertamente que la completa eliminación de la existencia de un niño por nacer está justificada en nombre de los “derechos humanos”, la “salud materna” o la “elección personal”. La permanente investigación de Population Research Institute sobre los networks abortistas dio con un documento que deja al descubierto la cruda verdad que se esconde detrás de esta publicidad engañosa.
“Buenas prácticas para definir la ruta de los restos biológicos resultantes de un aborto inducido”, publicado en abril de 2025 por CLACAI, es precisamente un testimonio de parte de la siniestra intención de eliminar todo rastro de la existencia de los niños por nacer que fueron abortados.
El título por sí solo es una obra maestra de la distracción y la ambigüedad.
El término vago y pseudocientífico “restos biológicos resultantes de un aborto inducido” se refiere en realidad a los cuerpos desmembrados de niños cuyas vidas han sido brutalmente truncadas por el aborto. Llamarlos “restos biológicos” es deshumanización en estado puro.
Y la expresión igualmente nebulosa “buenas prácticas para definir la ruta” alude, en realidad, a métodos para disponer en secreto de los cuerpos de estas pequeñas víctimas, de modo que no quede ningún rastro legal, estadístico, social ni simbólico de su existencia.
En otras palabras, el documento de CLACAI es un manual sobre cómo destruir cualquier evidencia de que un aborto haya tenido lugar. Es simplemente la consecuencia lógica de los esfuerzos constantes por deshumanizar al no nacido.
A un nivel más profundo, refleja el deseo fanático de ocultar lo que J.D. Vance, vicepresidente de EE.UU., llamó recientemente “sacrificio humano” borrando a la víctima infantil incluso de la memoria colectiva.
Borrar el crimen de las estadísticas
CLACAI sostiene que los cuerpos de los bebés abortados —incluso aquellos que podrían sobrevivir fuera del vientre materno— nunca deben registrarse como muertes fetales en las estadísticas oficiales. Según el documento citado, las muertes fetales deberían referirse únicamente a fallecimientos “no intencionales”, no a las muertes provocadas por un aborto inducido, de las cuales no debería quedar constancia alguna.
La intención es evidente. Al argumentar que las muertes infantiles relacionadas con el aborto no deben registrarse, buscan borrar tanto el aborto como a sus víctimas de los datos públicos.
Si el Estado no toma nota de su fallecimiento, tampoco lo hará la sociedad ni la historia. El informe de CLACAI desalienta explícitamente cualquier tipo de servicio funerario, rito de sepultura o registro civil de los niños abortados, salvo en el caso excepcional de que la mujer lo solicite expresa y específicamente en el momento del aborto. El efecto práctico de esta supuesta “buena práctica” es la eliminación silenciosa y secreta del cuerpo.
Sin rastro físico. Sin rastro estadístico. Sin rastro histórico.
De la deshumanización a la mercantilización
Al mantener los cuerpos de las víctimas del aborto fuera de los registros y fuera de la vista, se allana el camino para la comercialización del tejido fetal. Es un hecho simple: cuando el cuerpo de un ser humano deja de ser reconocido como tal, las barreras éticas se derrumban.
La propuesta de CLACAI encaja perfectamente en esta lógica: primero se niega la humanidad del niño; luego se eliminan todas las huellas documentales; finalmente se reduce al niño a “restos biológicos”, susceptibles de ser fragmentados y distribuidos.
Bajo el marco legal propuesto por CLACAI —donde los cuerpos de estas víctimas son considerados “desechos” o un “bien disponible”— la venta de órganos y tejidos fetales para investigación, experimentación o incluso trasplantes se vuelve inevitable.
Esto no es mera especulación. En la China comunista, donde el respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano brilla por su ausencia, ya se han documentado prácticas de explotación con fines de trasplante.
Parte de una estrategia más amplia de redes abortistas
El reciente documento de CLACAI no aparece de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que ha sido investigada en detalle por Population Research Institute.
Como explicamos en nuestro informe “CLACAI: una red iberoamericana financiada por USAID para promover la legalización del aborto”, CLACAI actúa como nodo central de una red transnacional que impulsa su agenda en tres frentes coordinados: el frente jurídico-político; el frente mediático-cultural; y el frente técnico-operativo.
El documento sobre el manejo de los cuerpos de niños abortados pertenece claramente al tercer frente, el técnico-operativo. Su objetivo es normalizar el aborto como un acto médico rutinario, despojado de toda consecuencia moral, legal o social.
No es casualidad que las mismas organizaciones que promueven la legalización del aborto sean las que diseñan protocolos para eliminar evidencia de las pequeñas víctimas de sus actos. Todas forman parte de la misma red abortista, trabajando hacia el mismo fin: normalizar, justificar y legalizar la eliminación de niños inocentes hasta el nacimiento —y en algunos casos más allá.
Aquí es donde el modelo de redes abortistas desarrollado por PRI resulta clave. Nos permite identificar patrones, actores y estrategias que, analizados por separado, pasarían desapercibidos. Nos permite anticipar y enfrentar estas iniciativas antes de que se conviertan en ley en Iberoamérica.
Y ya está dando frutos. En Perú se aprobó una ley que promueve el cuidado integral de la madre ante la muerte y duelo gestacional. Y en Estados Unidos, la administración Trump anunció su decisión de retirar el financiamiento a organizaciones involucradas en el tráfico o manejo indebido de restos humanos representa un golpe significativo para redes abortistas como CLACAI. En el pasado, muchas de sus organizaciones miembro recibieron financiamiento directo o indirecto de agencias estadounidenses como USAID.
Ese financiamiento también se ha cerrado.
Los contribuyentes estadounidenses ya no financiarán organizaciones que no solo promueven el aborto, sino que ahora buscan borrar toda memoria de los niños que fueron eliminados.
El movimiento abortista internacional ha dejado algo claro: no les basta con acabar con la vida del no nacido. Quieren que nunca haya existido, mientras al mismo tiempo buscan beneficiarse de su cuerpo. Quieren borrar el testigo incómodo, el dato estadístico, el cuerpo de la víctima que desafía su narrativa, para poder lucrar con su muerte.
Pero nosotros no permitiremos que esa vida sea ignorada.
Steven W. Mosher y Carlos Polo
