Denuncian que la Generalidad de Illa incumple la Constitución y la Ley de Banderas

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La Generalidad desafía la Constitución y la Ley de Banderas 

Impulso Ciudadano, la entidad que ha presentado el requerimiento, recuerda que tanto el presidente de la Generalitat como el consejero de Acción Exterior han hecho gala de que «cumplirán la Constitución»

La Generalidad de Cataluña vuelve a estar en el centro de la polémica por su desprecio a España y por su sumisión al independentismo catalán. La asociación Impulso Ciudadano ha denunciado la ausencia de la bandera de España en la sede del Departamento de Acción Exterior, un incumplimiento que no solo es ilegal, sino también un desafío directo a la Constitución española y la Ley de Banderas.

Un requerimiento en defensa de la Legalidad

Impulso Ciudadano ha presentado un requerimiento al consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalidad, Jaume Duch, para que cumpla la Constitución y la ley de banderas, tal como recoge El Debate. Y es que en la fachada de la sede de este departamento, que está situado en la Casa de los Canonges, no ondea la bandera española, solo la catalana. En el requerimiento se advierte de que, si en el plazo de diez días no se coloca la bandera de España, se interpondrá recurso contencioso-administrativo contra la Generalidad.

Según José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, es «absolutamente inusual que no se cumpla la Constitución, y sobre todo cuando estamos ante un departamento de especial carga simbólica«. Domingo también destacó la contradicción e hipocresía de Salvador Illa y Jaume Duch de respetar la normativa: «Han hecho gala de que iban a acatar la normativa y la Constitución».

Un incumplimiento reiterado

Impulso Ciudadano recuerda que la Casa de los Canonges es también la residencia oficial de los presidentes de la Generalidad.

La Casa de los Canonges cuenta con soportes para tres mástiles, pero únicamente se utiliza uno, donde ondea exclusivamente la señera catalana. Esta omisión no solo afecta al edificio principal de la Generalidad, sino también a las delegaciones de la Generalidad y a los despachos de la Consejería de Acción Exterior.

Impulso Ciudadano deja claro que el artículo 4 de la Constitución española describe la bandera de España y en su apartado 2 establece que «los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales». Y no solo eso. Impulso Ciudadano también precisa que hay una «consolidada jurisprudencia», tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sobre la obligación de colocar las banderas oficiales en los edificios públicos, tanto en su exterior, como en su interior.

Un símbolo independentista más allá de la Ley

El incumplimiento por parte de la Generalidad no es un simple error administrativo; es un acto cargado de simbolismo separatista independentista catalán. La ausencia de la bandera de España en un edificio de tal relevancia institucional es un gesto de desafío al marco constitucional y una cesión y sumisión ante el separatismo.

Este tipo de actitudes representan un desprecio a la unidad nacional y a la legalidad vigente, elementos fundamentales para garantizar la convivencia y el respeto al Estado de Derecho.

Cobardía o sumisión al independentismo, o ambas a la vez, de Salvador Illa 

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, quien prometió un gobierno basado en el diálogo y el cumplimiento de la ley, queda en una posición comprometida. Permitir que su residencia oficial incumpla la normativa puede interpretarse como una actitud de cobardía o incluso como una estrategia política de sumisión al independentismo.

Por otro lado, el consejero Jaume Duch, encargado de un departamento con una fuerte carga simbólica, tampoco escapa a las críticas. Según Impulso Ciudadano, este comportamiento contradice las promesas de ambos líderes de respetar el marco constitucional.

La bandera española como símbolo de Legalidad y Unidad

El caso de la Casa de los Canonges pone de relieve una cuestión fundamental: el respeto a la ley no es opcional, especialmente para las instituciones públicas. La Generalidad tiene la obligación de cumplir con la Constitución y con la Ley de Banderas, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, se sientan representados.

Mientras no ondee la bandera de España junto a la señera, el mensaje que se transmite es claro: una subordinación y sumisión, o peor, aceptación voluntaria, al separatismo que pone en entredicho el compromiso de Salvador Illa con el marco legal y constitucional.

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