Rechazo unánime: 60.000 firmas contra la ley de Starmer que implanta un Estado Policial y que considera que rezar en silencio es un delito

Restricciones en las ‘zonas de contención’: Control del pensamiento

La Ley de Orden Público, que entró en vigor el pasado 31 de octubre, establece un radio de 150 metros alrededor de los abortorios, donde no se permite ningún tipo de protesta ni tampoco orar en silencio. Esta restricción supone una extensión de la vigilancia y el control estatal sobre los ciudadanos por un «delito de pensamiento».

«Esta pendiente resbaladiza es clara; si la ley penal nos exige abstenernos de pensamientos ‘ofensivos’ en cualquier lugar, simplemente no hay un punto final lógico”, denunció ADF UK.

La organización, que defiende la libertad religiosa, considera que esta legislación es un atentado contra la libertad de expresión y una peligrosa incursión del estado en la esfera privada. Según afirman, la imposición de esta normativa sienta un precedente en el que, más allá de los actos, incluso los pensamientos de los ciudadanos comienzan a estar sujetos a penalización, incluso la cárcel.

Las preocupaciones la sociedad civil

En una sociedad que se precie de respetar la libertad de expresión, la censura a la expresión —incluso silenciosa— contradice los principios de libertad que han caracterizado a las sociedades occidentales.

La decisión del gobierno del socialista Starmer no es un caso aislado, sino que se inscribe en una tendencia que se observa en diversos países occidentales, especialmente en aquellos liderados por gobiernos de corte socialista. En este sentido, el Reino Unido no está solo en su intento de coartar las libertades fundamentales en nombre – y con la excusa- de una supuesta “protección” de ciertos colectivos o derechos.

En España, por ejemplo, ya existen normativas similares. Bajo el mandato del gobierno socialista de Pedro Sánchez, se propuso una reforma en 2022 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que tipifica la oración cercana a un abortorio como acoso. Esta reforma, impulsada por la comunista Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, se presentó como una medida para proteger a las mujeres que acceden a estos centros, ha sido unánimemente rechazada por ser un ataque directo a la libertad de expresión y religiosa.

El paralelismo entre ambos países resulta evidente: bajo el pretexto de salvaguardar derechos, se establecen restricciones que, en la práctica, limitan libertades, incluso con la cárcel. Las leyes que penalizan actos tan privados como la oración en lugares públicos, aunque en silencio, representan un avance de las agendas izquierdista globalistas en el control de la expresión y del pensamiento.

Reacciones sociales: la carta de ADF UK y la movilización ciudadana con más de 60.000 firmas

Ante esta normativa regresiva, Alliance Defending Freedom (ADF) UK, una organización en defensa de la libertad religiosa, ha alzado la voz y promovido una carta pública en la que pide a Keir Starmer que “garantice que el pensamiento nunca sea amortiguado, censurado o criminalizado”. Más de 60.000 ciudadanos han apoyado la misiva con su firma, reflejando un profundo rechazo social hacia esta una medida represora y dictatorial.

ADF UK subraya: “Hoy, son las opiniones provida las que ofenden a las ortodoxias sociales progresistas; mañana, podrían ser las opiniones críticas con el género”. En su declaración, la organización advierte sobre las consecuencias de esta tendencia y plantea la necesidad de proteger la libertad de pensamiento y expresión en todos sus ámbitos.

ADF UK recalca que la oración silenciosa “no es un delito y el Estado no tiene autoridad para censurar nuestros pensamientos”.

Hacia un estado policial en el Reino Unido: el peligro de los “delitos de pensamiento”

El concepto de “delitos de pensamiento” con esta ley en vigor, se materializa en una inquietante realidad. La capacidad de un gobierno para decidir sobre el contenido de las oraciones personales o el acto de pensar silenciosamente marca un cambio sin precedentes en el ejercicio del poder estatal. Es la implantación de un estado policial.

Esta normativa, lejos de ser una medida puntual, es la señal de una deriva autoritaria en el gobierno británico. Estas leyes enmascaran un control social más profundo. Para la población, estas imposiciones son el inicio de una transición hacia un estado cada vez más coercitivo y represor hacia la disidencia y la crítica.

Un llamado a la defensa de las libertades

La Ley de Orden Público de 2023 en el Reino Unido ha dejado claro el rumbo hacia el que se encamina el gobierno de Keir Starmer. Con restricciones que penalizan incluso la oración silenciosa, el Reino Unido se suma a una tendencia de censura que parece expandirse por todo Occidente, y que ya se ha visto reflejada en iniciativas similares en España y otros países europeos.

El impacto de esta normativa ha despertado una conciencia social que se refleja en la campaña de firmas y en la movilización de organizaciones defensoras de derechos.

El Reino Unido y España se encuentran en una encrucijada en la que, o bien elige el camino de las libertades fundamentales o se convierte en un estado policial que recorta los más esenciales. En esta batalla, la sociedad civil tiene un papel crucial, y su movilización resulta indispensable para preservar los principios de libertad y justicia en los que se ha basado la democracia occidental.