PSOE y ERC: «El catalán es la única lengua vehicular en Cataluña»

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La enmienda deja claro que las administraciones educativas garantizarán el derecho a recibir la lengua respetando la normativa aplicable. Esto es, blindar la ley catalana (de educación), que dice muy claro que el catalán es la única lengua vehicular«, así presumen en ERC de haber conseguido pactar con PSOE y Podemos fulminar del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Lomce, más conocida como Ley Celaá, la consideración de lengua vehicular del castellano así como tachar [de manera literal] la frase que hacía referencia a su condición de «lengua oficial del Estado». Todo ello a cambio de otorgar a los de Junqueras una concesión muy jugosa a tres meses de las elecciones en Cataluña.

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En plena precampaña, en JxCAT no han tardado en posicionarse en contra del pacto entre PSOE, Podemos y ERC. Según los del fugado Puigdemont, la modificación del redactado inicial de la Lomloe no es suficiente para garantizar la inmersión lingüistica en Cataluña.

Para los de JxCAT, la enmienda transaccional que se debate y vota esta tarde en la ponencia de Educación en el Congreso garantiza que el castellano y catalán tengan las mismas competencias ya que, según ellos, será el ministerio de Celaá quien, vía real decreto pueda fijar porcentajes óptimos sobre el uso del castellano y catalán. Una queja, que este miércoles verbalizaba el diputado Sergi Miquel, y que han desatado un nuevo enfrentamiento con sus socios de ERC. Los de Junqueras creen que están aprovechando para hacer campaña.

La portavoz de Educación de ERC, Montse Bassa, ya adelantaba este miércoles que, con esta enmienda transaccional a la Lomloe, el ministerio de Isabel Celaá garantizará a la Generalidad la elección de horas y contenido en castellano que se imparta en las aulas catalanas: «Lo que no nos pueden imponer desde el ministerio es la enseñanza en lengua castellana o el número de horas de cada lengua», decía la dirigente de ERC.

Se trata, sin duda, de un paso más por contentar a ERC en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado aunque desde el entorno independentista se empeñen en desvincularlo. Este mismo miércoles, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, exhibía en sede parlamentaria plena sintonía con el Gobierno central respecto al texto de presupuestos. Les gusta a los independentistas cómo avanza el texto aunque advirtiendo, eso sí, que hay «margen de mejora».

Como primer paso, PSOE y Podemos ya han pactado eliminar de la Ley educativa de Celaá la consideración del castellano como lengua oficial del Estado a fin de conceder al independentismo un colchón jurídico para ejecutar su deseo de blindar el catalán en las aulas. «Un texto que reconozca la pluralidad, la diversidad, y la posibilidad de que cada uno se pueda expresar en las condiciones que marca su territorio», defendía este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

De esta manera, tal y como aparece tachado en la enmienda negociada con ERC, el texto definitivo, que se votará este jueves en el Congreso, quedaría así: «Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».

La parte eliminada, del redactado de la Lomloe aprobado en marzo, en esta enmienda transaccional que se votará este jueves en el Congreso incluía la referencia del «castellano como lengua oficial del Estado» así como que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». La portavoz de Educación socialista en el Congreso, Luz Martínez Seijo, sostenía este miércoles que «la lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución«.

También se elimina del redactado que las administraciones educativas aplicarán los instrumentos de «verificación, análisis y control» propios del sistema educativo. El eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, se hacía eco en las redes sociales mostrando el nuevo redactado:

Cañas ya ha instado a la Unión Europea a tomar medidas ante este veto a que los niños puedan ser escolarizados en su lengua materna. El texto se llevará esta tarde al Congreso y PP y Cs también han anunciado recurso ante el Constitucional si sale adelante.

La Generalidad no acata las sentencias

No obstante, los tribunales – incluido el TC- se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca de esta cuestión, siendo desoídos sistemáticamente por los distintos gobiernos de la Generalidad. En 2015, el Tribunal Supremo ordenó que al menos el 25% de las clases en Cataluña se dieran en español.

Ratificaba así una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que había fallado a favor de unos padres que recurrieron a la justicia para ver reconocidos sus derechos.

«El castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. De esta forma, aunque el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular en la enseñanza (…), nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza», afirmaba entonces el Alto Tribunal en su fallo.

(E. Ruiz| O. Moya. Libertad Digital)

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