PSOE, Unidas Podemos y ERC están negociando en el Congreso una enmienda transaccional a la ley Celaá que elimina de la reforma educativa que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha justificado esta medida argumentando que «hay que dialogar» y reconocer «la diversidad» y «pluralidad» que se vive en España.PUBLICIDAD
El proyecto de ley aprobado en marzo en Consejo de Ministros recogía el mismo redactado que la Lomce: «Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».
Esta última frase sería la que desaparecería de la ley, según ha adelantado El País, y se sustituiría con una referencia a que las CCAA deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía, tal y como pedían los partidos nacionalistas.
Fuentes de Unidas Podemos explican que esta enmienda se está negociando, «pero aún no está cerrada». «Estamos en ello», recalcan, y remiten a una próxima reunión de la ponencia de la Lomloe que previsiblemente se celebrará lugar el jueves. Fuentes de ERC añaden que el objetivo de la enmienda es «blindar el catalán como lengua vehicular».
El resto de grupos parlamentarios no tenía constancia de esta enmienda, una concesión de última hora a los nacionalistas catalanes que supone es la puntilla al castellano en la escuela, ya seriamente amenazado en la ley Celaá.
Porque el Gobierno ha entregado a Cataluña la capacidad de determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán y en el proyecto de ley se ha eliminado la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción «razonable».
SIN GARANTÍAS PARA ESTUDIAR EN CASTELLANO
No se contempla ningún mecanismo para garantizar una enseñanza en castellano a las familias que lo reclamen, fiándolo todo a la buena fe de las autonomías para aplicar «los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo», «promover» la «realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido» e «impulsar» la adopción por parte de los centros de «las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».
Lo único que establece la Lomloe es que «al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente». ¿Pero cómo se garantiza?
Este cambio de ahora supondría la estocada mortal al castellano, que es lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas de Cataluña, tal y como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. El artículo 3 de la Carta Magna reconoce el carácter oficial del castellano, lo que lleva aparejado que sea lengua vehicular de la enseñanza. Numerosas sentencias judiciales han establecido la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en castellano, el equivalente a una asignatura más, además de la Lengua Castellana y Literatura, y la Generalitat incumple sistemáticamente estos fallos judiciales.
El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha apresurado a presumir de la medida en Twitter. «Más allá del ruido hay política», ha expresado.
ERC defiende que su modelo de inmersión lingüística no se puede poner en marcha con el uso «simultáneo de las lenguas oficiales y cooficiales». Por ello pedía que la ley del Gobierno central fuera «coherente con las previsiones del Estatuto de Autonomía» para que el catalán fuera la única lengua vehicular. Se agarra a que el Tribunal Constitucional tumbó en 2018 el mecanismo establecido por José Ignacio Wert para escolarizar en colegios privados a los alumnos que hubieran pedido un aprendizaje también en castellano. Este fallo, sin embargo, no quita al castellano su carácter de lengua vehicular de la enseñanza. Pero quitarlo de la Lomloe dificultará los recursos de las familias a la hora de conseguir en los tribunales el mínimo del 25% de horas en castellano.
«CESIÓN AL INDEPENDENTISMO POR LOS PRESUPUESTOS»
«Lo que pretende la enmienda en un pacto gravísimo es dificultar que los tribunales reconozcan los derechos, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han reconocido el carácter vehicular del castellano. Lo que pretenden es tratar de dificultar el acceso a las familias a los tribunales para que el castellano no tenga un amparo jurídico», interpreta José Domingo, de Impulso Ciudadano, asociación que defiende a las familias que quieren que sus hijos también puedan estudiar en castellano en las escuelas catalanas.
«La enmienda va dirigida a quitar derechos, no a reconocerlos. Es falso que la actual regulación impida modelos de inmersión lingüística, lo que impide es modelos de inmersión lingüística obligatoria para todos los alumnos, y eso es lo que pretenden ERC, los grupos vascos y Compromís en sus enmiendas. El PSOE y Unidas Podemos se han plegado de una manera sumisa a ello», añade Domingo.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, otro colectivo que también defiende un aprendizaje equilibrado en ambas lenguas, denuncia que «este pacto político por intereses partidistas atenta contra los derechos de todos los alumnos catalanes, ya sean catalanohablantes como castellanohablantes, y su único objetivo es facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del independentismo».
«Hay que hablar, hay que dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto lo más amplio posible y que reconozca la libertad, la diversidad y la situación que vivimos en nuestro país en términos de pluralidad lingüística, capacidad de que cada uno en función de la igualdad de oportunidades se pueda expresar en las condiciones que le marca su propio territorio», ha recalcado la ministra Montero.
Carlos Carrizosa, el líder de Ciudadanos en el Parlament, ha advertido que esta medida supone «el blindaje de la exclusión del castellano». «Nuestro modelo es el moderno del trilingüismo. Aquí se está vulnerando el derecho de todos en recibir la enseñanza también en lengua castellana. Condenamos estos pactos del PSOE con ERC y otros partidos para blindar la exclusión del castellano en la docencia», ha expresado, y ha preguntado a Miquel Iceta, del PSC, si apoya este planteamiento, cuando «hace cuatro días, en sus congresos, parecía que estaban revisando esa postura para abrir la presencia de otras lenguas vehiculares».
(Diario El Mundo)
