La ley Celaá está incrementando su asfixia a la escuela concertada a su paso por el Congreso. Una enmienda transaccional que se ha aprobado este martes entre el PSOE, Unidas Podemos y Más País establece que las comunidades autónomas «promoverán un incremento progresivo de puestos públicos escolares en la red de centros de titularidad pública», dejando de lado los colegios privados sostenidos por fondos públicos.
Este redactado supone, en la práctica, la «desaparición» a largo plazo de este modelo educativo en el que estudia el 25% del alumnado y «la prueba material de que quieren acabar progresivamente con la concertada, porque ya no será necesaria para garantizar el derecho de todos a la educación», según interpreta Luis Centeno, de la patronal Escuelas Católicas.
La enmienda ha salido adelante por 20 votos a favor y 16 votos en contra durante la ponencia de la llamada Lomloe. El texto confirma la eliminación en el proyecto de ley de la «demanda social», un concepto recogido en la Lomce del PP que permite a los centros concertados sacar más plazas si así lo demandan las familias. Y también les da la razón a los centros cuando una comunidad autónoma recorta unidades concertadas. Por ejemplo, recientemente el Tribunal Supremo ha dado la razón a unos colegios de la Comunidad Valenciana que recurrieron contra la retirada de conciertos de hace tres años y abre la puerta a recuperarlos ahora en decenas de aulas.
El redactado que se ha acordado en el Congreso es mucho peor para la concertada que el que salió del Consejo de Ministros. Porque, además, ha añadido que, en la programación de la oferta de plazas, «las CCAA armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas». Este «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» es lo que se apostilla ahora, excluyendo a la concertada.
En otro de los apartados que modifican el artículo 109, se establece, asimismo, que, «en el marco de la programación general de la red de centros, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población».
Hay más cambios. Otra de las enmiendas acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, aprobada por 21 votos a favor y 15 en contra, contempla que los colegios que escolaricen a los alumnos del mismo barrio tengan preferencia para acogerse al régimen de conciertos. Hasta ahora, esta prioridad sólo la tenían los centros que atienden a poblaciones escolares de condiciones económicamente desfavorables, las que realizan experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo y las que funcionan en régimen de cooperativa.
Se ha añadido el requisito de la escolarización de proximidad para evitar que se creen colegios guetos, aunque esta medida dificultará que un alumno de un barrio desfavorecido económicamente pueda escolarizarse en un centro educativo de un barrio pudiente.
(Olga R. Sanmartín. Diario El Mundo)
