En Comú Podem buscan adoctrinar a los escolares enseñándoles una visión sectaria y manipulada de la historia además de enlazarla con la derecha actual
Joan Mena, uno de los diputados que defiende la propuesta niega, como no podía ser de otra manera, que trasladar estos contenidos al currículo de la ESO obligando a los escolares a estudiarlo es adoctrinamiento. ¿Qué se le puede pedir a un comunista cuyas siglas han matado a más de 100 millones de personas en el mundo?
Equiparación con la derecha actual
Lucha antifranquista
Podemos quiere aprovechar que en estos momentos coinciden en el tiempo la tramitación la Ley de Memoria Democrática con la concreción del currículum de secundaria. «Es necesario poner de manifiesto la importancia de incluir la memoria histórica en el currículum educativo pare que los objetivos y pretextos establecidos en la ley puedan cumplirse», aseguran.
Su intención es aprovechar la Comisión de mañana para introducir una actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, a fin de incluir de forma clara el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, esto es, las bondades de los comunistas que provocaron, entre otras cosas, la guerra civil española.
Curso 2022-2023
Quieren que esto sea una realidad en el curso 2022-2023, incluyendo la revisión de los libros de texto. La inclusión de la Memoria Histórica en el temario implicaría que la historia contemporánea de España sea incluida en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo «con el fin de comprenderla en un contexto global».
Cabe recordar que la Memoria Democrática es uno de los proyectos en los que más involucrado está el gobierno socialcomunista.
Uno de los diputados más involucrados en este proyecto es el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 destinan a la Memoria Democrática 11,8 millones de euros, un dinero con el que se debería poner en marcha este centro, que estaría ubicado fuera de Madrid respondiendo al programa descentralizador del Ejecutivo.