Estas iniciativas se encuentran actualmente encalladas en la tramitación parlamentaria. Podemos quiere dar un impulso para que puedan ser aprobadas cuanto antes. El contexto provocado por el supuesto espionaje a varios dirigentes separatistas ha provocado el caldo de cultivo perfecto para que la formación vuelva a situarlas entre sus prioridades.
Terrorismo callejero
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha provocado las críticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Ciudadana, que protagonizaron una masiva manifestación en protesta por la medida del Gobierno. La medida servirá para dar cobijo a los violentos y al terrorismo callejero. Uno de los puntos que ha provocado más inquietud es el que elimina la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin autorización previa. Una medida que llega después de que las organizaciones policiales hayan alertado del aumento de agresiones, alrededor de las 30 al día, y de la gran conflictividad social.
Por otro lado, se elimina la presunción de veracidad del atestado policial, lo que, según los agentes, los sume en una enorme inseguridad jurídica. Se considerará que el atestado es verdad siempre que los hechos consignados en él resulten “coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba en contrario”.
Enaltecimiento de ETA
Por otro lado, Podemos reclama la derogación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la Corona.
La iniciativa propone la derogación de cinco delitos del Código Penal: contra los sentimientos religiosos o de escarnio público (artículo 525), el delito contra la Corona (490.3 y 491), las ofensas a España y sus símbolos (543), las injurias al Gobierno y sus instituciones (504) y el enaltecimiento del terrorismo (578).
En lo relativo, por ejemplo, al enaltecimiento del terrorismo, el Código Penal recoge que todo aquel que enaltezca o justifique en público los delitos de terrorismo o participen en actos que menosprecien o humillen a las víctimas de estos serán castigados con penas de prisión de uno a tres años y con multa.
Podemos cree que se trata de un «delito de opinión» y argumentan que «en un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión».
Sobre las calumnias e injurias a la Corona, consideran que en una democracia «cuanto más poder tiene una institución, mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía».
(con información de Ok Diario)
