Desde las filas de CCOO piden a los partidos políticos -incluido el PSC, que se prestó a ello- que aceleren la modificación de la Ley de política lingüística «adaptándose a la actual ley de educación dando respuesta a la sentencia del TSJC con el consenso más amplio posible y que el gobierno exima de cualquier responsabilidad en los equipos directivos, personal docente y otros profesionales de los centros educativos.
«Ante la resolución del TSJC instando a la Generalitat al cumplimiento de la sentencia del 25% de español en los centros educativos, CCOO de Cataluña pide responsabilidad a los Grupos Parlamentarios para cerrar el acuerdo legislativo que haga posible asegurar el modelo de inmersión lingüística catalán, adaptándose a los requerimientos de la ley de educación actual, LOMLOE, y no a la antigua ‘ley Wert’ (LOMCE) a la que se hace referencia a la sentencia del TSJC», señala la entidad.
Pero no ha aclarado si más allá del recurso piensa cumplir con la obligación de dictar las medidas que le indica el tribunal. El auto incluye un requerimiento específico para él, en el que los magistrados le ordenan que dé las instrucciones y establezca las garantías de control para hacerla efectiva.
El recurso que prepara el gobierno -ha explicado- irá contra la legitimación de la Asamblea por una escuela Bilingüe como parte en el procedimiento, y también contra la forma en que el auto concreta cómo aplicar la medida. «No tiene ningún sentido pedagógico ni jurídico», sostiene.
Ustec: «Debemos obviar la sentencia»
La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, dice no fiarse y cree que «no puede pasar la patata caliente a los centros dando margen de flexibilidad a la hora de aplicar los proyectos lingüísticos». «Debemos obviar la sentencia, porque acatarla sería herir de muerte al catalán», dice Segura.
El auto del TSJC también requiere a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia y que informe al tribunal de la actividad desplegada cuando acabe el plazo de ejecución fijado. Además, apunta que la Generalitat «no está en su libertad de actuar y permitir una situación contraria al mandado constitucional».
El ultimátum de la Justicia no parece urgir al Gobierno de Pere Aragonés. «En las escuelas catalanas se hará más catalán después de la sentencia que antes de este ataque. Pondremos todo el esfuerzo para incrementar el uso del catalán en todos los ámbitos de la escuela», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. .
(Con información de Voz Populi)
