El nuevo curso político amenaza con convertirse en la nueva prueba de fuego para el Gobierno de coalición. Con varios frentes abiertos, Moncloa deberá dedicar sus esfuerzos a frenar la segunda oleada del coronavirus –delegada ya en parte en las comunidades autónomas– tratar de cerrar un pacto con socios y oposición sobre los Presupuestos Generales del Estado y sortear las investigaciones judiciales que se ciernen sobre el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, por sospechas de financiación ilegal. Para ello la secretaría de Comunicación del Ejecutivo arrancaba hoy con una extensa agenda para sus ministros, una agenda que buena parte de ellos no ha cerrado por vacaciones, pues han seguido manteniendo actos en sus lugares de descanso durante el mes de agosto. No ocurre así con parte de la cuota morada en el Gobierno, que todavía no ha emprendido agenda pública, a parte de la asistencia al Consejo de Ministros que Moncloa retomaba este martes.
El vicepresidente «mediático» se ha instalado durante este mes en el más absoluto silencio, coincidiendo con la investigación que ha abierto el juzgado de instrucción número 42 de Madrid para conocer si existen irregularidades en la financiación de Podemos. Tal es así que el último acto público al que asistió Pablo Iglesias fue el pasado 31 de julio, en la última conferencia de presidentes en La Rioja. Pocos días después, éste concedía una entrevista a Telecinco, el pasado 4 de agosto, para valorar la actualidad tras la salida del Rey Emérito de España. A partir de esa fecha, Iglesias se apartó del foco mediático al que todavía no ha regresado. Interrumpió ese silencio el vicepresidente para valorar a través de sus redes sociales días después las sospechas judiciales asegurando que «defender la justicia social y un horizonte republicano como parte del Gobierno tiene y tendrá sus costes». De hecho, la última comparecencia suya en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros fue el pasado 7 de julio donde el Gobierno prorrogó las ayudas a las hipotecas, al alquiler y a los suministros básicos hasta finales de septiembre.
La ministra de Igualdad, por su parte, ha concedido una entrevista en este mes y ha acudido a un acto institucional con responsables del mundo de la Cultura. Convocará en los próximos días una reunión con las comunidades autónomas para coordinar las políticas en materia de violencia de género trata y explotación sexual, según confirman fuentes de Igualdad. La misma estela del vicepresidente siguen el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que tampoco ha registrado agenda, o la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, como ha denunciado esta semana este diario.
El apagón público no coincide con el trabajo en la sombra que ha seguido realizando el vicepresidente durante el periodo estival. Iglesias apenas se tomó dos días de vacaciones en Asturias –que tuvo que finalizar de manera apresurada tras los constantes acosos a su familia–, el resto del tiempo, según el entorno cercano al también líder de Podemos, ha continuado con una discreta pero intensa agenda privada desde Madrid . Fue este martes el día en el que el vicepresidente retomó su actividad, y previamente, el lunes, mantuvo la reunión habitual de «maitines» con el presidente del Gobierno y los vicepresidentes para encarar el nuevo curso. Durante el mes de agosto, desde la vicepresidencia de Derechos Sociales se ha venido trabajando también en los pilares básicos que sustentan al ministerio, al que la oposición ha interrogado en varias ocasiones durante los meses de pandemia y ha acusado de inacción. Según las mismas fuentes, el vicepresidente ha mantenido encuentros con su equipo ministerial para retomar las iniciativas pendientes. De hecho, recalcan, se encuentran preparando las enmiendas con el PSOE para devolver al Congreso la ley de infancia aprobada por el Gobierno, que verá la luz en los próximos meses.
En la vicepresidencia recae también la coordinación con las comunidades autónomas en materia de atención a la gestión de las residencias, un asunto que no ha estado exento de críticas en el Congreso. Desde PP y Vox acusaron al vicepresidente de su responsabilidad por el alto número de fallecimientos de personas mayores en residencias. Desde la vicepresidencia se encuentran elaborando con las comunidades un protocolo de actuación en residencias. De hecho, el pasado 24 de agosto, la vicepresidencia de Derechos Sociales y las comunidades autónomas se reunieron para constatar la necesidad de impulsar urgentemente un Plan de Choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales tras los continuos rebrotes de la Covid. En la citada reunión, presidida por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se concretó un plan de Respuesta Temprana que recogía los ejes principales para prevenir, evaluar el riesgo y dar una respuesta adecuada a posibles rebrotes en los centros residenciales.
Otra de las actuaciones en las que trabaja Iglesias es en la ampliación del escudo social que el Gobierno aprobó a finales de marzo, una medida de la que la cuota morada ha hecho bandera durante estos meses en Moncloa.
(Rocío Esteban. Diario La Razón)
