Avalancha de consultas a las asesorías para analizar los pros y contras de imitar a Ferrovial
La más que segura probabilidad de que Pedro Sánchez continúe en Moncloa cuatro años más con una reedición del nuevo gobierno del Frente Popular y, esta vez, más condicionado todavía por la extrema izquierda, independentistas y proetarras ha provocado que numerosas grandes compañías españolas estén pidiendo ya informes a consultoras para estudiar la posibilidad de seguir los pasos de Ferrovial y llevarse su sede fuera de España.
Muchas grandes empresas se lo están pensando
Y es que se está produciendo un movimiento generalizado- y es no algo de una o dos compañías- de empresas que están contemplando la opción de dejar España. «Las grandes empresas quieren asesorarse para estar preparadas por si tienen que tomar la decisión de irse. Quieren evaluar cuidadosamente los pros y los contras de marcharse, los costes, los riesgos, el impacto reputacional, los aspectos fiscales, la capacidad para financiarse mejor, etc.», señala una de ellas.
«No es una decisión que se toma de un día para otro, sino que tiene mucho trabajo y análisis detrás, como en el caso de Ferrovial. Y eso requiere tiempo. Habrá muchas que encuentren que no les compensa irse. Pero a otras sí les compensará y tomarán la decisión en función de qué Gobierno se forme y las cesiones que haga Sánchez», explica otra fuente.
Línea roja
Y es las grandes empresas del Ibex 35 temen que Sánchez se comprometa a esos referéndum- cosa bastante probable debido a la debilidad numérica de sus escaños-. A juicio de algunos altos cargos, los independentistas nunca han tenido tanta fuerza en el Congreso (pese a haber perdido votantes) y no van a dejar pasar la oportunidad para pedir el referéndum. Y además, vinculante; no se van a conformar con un referéndum consultivo, como el que están planteando algunos medios.
Decreto antiFerrovial
Consciente del riesgo de una fuga masiva de empresas si revalidaba su mandato, Sánchez aprobó a finales de junio un decreto antiFerrovial que pone todas las trabas posibles para que las compañías se lleven su sede a otro país. Así, da poder al Registro Mercantil para expresar dudas sobre si los fines que pretende una empresa con este movimiento son legítimos, y la respuesta a las mismas debe llegar del Gobierno, con lo cual se arroga en la práctica el derecho a vetar estas operaciones.
Y, aunque finalmente no vete la operación, este Decreto permite al Ejecutivo paralizar el cambio de sede durante seis meses, lo cual puede tumbar muchas de estas decisiones.
(Con información de OK Diario)
