Una medida que fomenta la división lingüística
Desde agosto de 2023, tras la designación de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso, el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones ha ido ganando terreno, cumpliendo las exigencias separatistas para asegurar la mayoría de la Mesa del Congreso por parte del PSOE y Sumar. En septiembre, se autorizaron las intervenciones en catalán, gallego y euskera en los plenos y comisiones, lo que desencadenó una inversión millonaria en servicios de traducción e interpretación.
En noviembre de 2023, el Congreso adjudicó un contrato de casi 4 millones de euros anuales para garantizar los servicios de interpretación, transcripción y subtitulado al castellano. Sin embargo, el último cambio va más allá: desde este enero, ya no es obligatorio presentar textos en español.
Sánchez cede al chantaje separatista
El hecho de que el Congreso, como símbolo de la unidad y soberanía nacional, permita la presentación de textos en idiomas que no sean el español atenta directamente contra la línea de flotación de la nación. Este movimiento, que busca satisfacer las demandas de las fuerzas independentistas, constata una vez más que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a ceder ante cualquier chantaje con tal de mantenerse en el poder. Al relegar al español en favor de las lenguas cooficiales, se margina un símbolo fundamental de unidad que trasciende las diferencias territoriales.
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, celebró la medida calificándola de «histórica». Estas declaraciones dejan clara la intención política de promover un Estado más fragmentado y menos cohesionado.
Coste económico y simbólico
El contrato para traducción e interpretación, dividido en cuatro lotes, tiene un presupuesto total de 3,9 millones de euros anuales, aunque no se espera agotar la totalidad del importe. No obstante, este gasto resulta innecesario y excesivo en un país donde ya existe una lengua común – el español- que facilita la comunicación entre todos los ciudadanos. Además, la marginación del español en las instituciones supone un golpe simbólico a la identidad nacional.
Consecuencias de este ataque a la unidad de España
Esta medida abre la puerta a que las instituciones españolas sigan desnaturalizándose y alejándose de su función como representación de toda la ciudadanía. El uso de las lenguas cooficiales debe ser complementario, y nunca sustitutivo del español, y menos aún un instrumento político para impulsar una agenda de ruptura. La política lingüística promovida por el Gobierno y sus socios separatistas no busca enriquecer la diversidad, sino profundizar en la división territorial y debilitar la unidad de España.
El hecho de que textos puedan presentarse en el Congreso en catalán, gallego o euskera sin traducción al español no solo supone un ataque a la lengua oficial y común de todos los españoles, sino que también representa un nuevo paso en la agenda separatista de dividir a España. El Congreso, como símbolo de la soberanía nacional, debería ser un espacio de unión, no de fragmentación. Las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo son una humillación para todos aquellos que defienden la unidad de España y sus valores fundamentales.
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