Los partidos independentistas registran una propuesta legislativa e instan al ejecutivo a discutir la norma en la Tribuna de la Cámara Baja como “punto de partida” para dar una “solución democrática”

El independentismo persigue dos objetivos: la amnistía para los políticos y activistas con problemas con la Justicia por el “procés” y un referéndum de autodeterminación. Sobre el primer objetivo ha dado hoy un paso más para lograrlo al registrar una proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, que cuenta con el impulso de Òmnium y el respaldo de Esquerra Republicana, Junts, la CUP y el PDeCAT. Se antoja casi imposible su aprobación porque tendrá enfrente, como mínimo, al PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

No obstante, con esta iniciativa, los partidos independentistas elevan la presión sobre el Gobierno y tratan de devolver sus exigencias al centro del tablero político español, ahora muy volcado en la batalla de Murcia y Madrid. A modo de preámbulo, Òmnium, la entidad separatista presidida por Jordi Cuixart, organizó el fin de semana una recogida de firmas en más de 500 plazas de toda Cataluña con el fin de demostrar que hay un gran apoyo popular detrás de esta medida de gracia. El independentismo defiende una amnistía para los 3.300 políticos y activistas con causas judiciales abiertas para que queden eximidos de toda responsabilidad penal.

Entre las causas judiciales previstas en la Ley que quieren impulsar aparecen desde la sedición de los políticos independentistas hasta autores de desórdenes públicos por las protestas independentistas de los últimos años. En concreto, el texto especifica que la amnistía comprende las causas por rebelión y sedición, así como cualquier delito de orden público, y también delitos como los de prevaricación, falsedad, malversación o, desobediencia o revelación de secretos.

En rueda de prensa conjunta desde el Congreso de los Diputados, los diputados Montse Bassa (ERC), Miriam Nogueras (JxCAT), Mireia Vehí (CUP) y Ferrán Bel (PDeCAT) han defendido que se trata de una ley que los partidos independentistas prometieron tras la disolución del Parlament en diciembre y que pretende amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

“La respuesta del Estado a un ejercicio de desobediencia civil y pacífico de dos millones de personas ha sido muy grave. Nueve personas están en prisión desde hace tres años”, en referencia a los líderes del procés. “Esta desproporción es una salvajada. Solo se pude poner punto y final con la ley de amnistía”, ha defendido la diputada de ERC Montse Bassa, con el objetivo de instar al Gobierno a que haga “borrón y cuenta nueva a la represión de personas que querían hacer un referéndum, un derecho democrático como en Quebec y Escocia”. A juicio de la diputada independentista, “rechazar esta ley es venganza” y la ley “es el punto de partida para dar una solución democrática”

El diputado Ferrán Bel, ha asegurado que la ley de amnistía es “una solución política avalada por miles de españoles” y lo argumentó como una “oportunidad” para que todos los diputados de la Cámara Baja “reflexionen sobre que futuro quieren para Cataluña”. Apeló a que los grupos del Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- así como los partidos que posibilitaron la investidura reflexionen sobre “si están dispuestos a apoyar esta solución política. Deben ser honestos y explicar cuál es su solución o propuesta alternativa para Cataluña y deben explicarlo desde la tribuna del Congreso”, defendió.

La respuesta por parte de Unidas Podemos llegó de mano del presidente del Grupo parlamentario Jaume Asens que lamó a trabajar a “vías más realistas” para abordar el desafío independentista como el indulto o la reforma del Código Penal. En declaraciones a TV3, Asens ha señalado que aunque no están en desacuerdo con la posibilidad de que se concediese una amnistía a los políticos presos del procés, esa vía no tiene visos de realidad porque el Tribunal Constitucional, con toda seguridad, la anularía. Ante la proposición de ley que hoy, Asens ha dicho que su grupo no votará en contra, pero que se esperarán a ver el redactado antes de decidir si se abstienen o no. “Nosotros no engañamos a la gente, por eso apostamos por las otras dos vías”, ha dicho Asens sobre el indulto, que todavía “está en el tejado del Tribunal Supremo” y la reforma del Código Penal, que a su juicio “se ha estado retrasando por cálculos electorales” por parte del PSOE.

(Rocío Esteban. Diario La Razón)

Por Redaccion

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