La reciente ley promovida por el Gobierno para prohibir la Fundación Francisco Franco no es un fin en sí mismo. Es un medio. Un pretexto. Una excusa para instaurar un régimen de persecución ideológica que pone en grave riesgo el pluralismo político, la libertad de asociación y la democracia misma en España.
Así lo denuncian con contundencia los letrados del Senado en un informe demoledor que alerta sobre la inconstitucionalidad de la norma, ya que no sólo vulnera derechos fundamentales, sino que abre la puerta a disolver partidos políticos por razones puramente ideológicas. Es, en otras palabras, la legalización del totalitarismo bajo apariencia democrática.
Una norma ad hoc, un precedente dictatorial. La ley ha sido aprobada en el Congreso con la abstención cobarde y cómplice del PP, y ya ha llegado al Senado. Allí, los juristas de la Cámara Alta advierten que no se trata de una norma ad hoc contra una asociación concreta, lo que viola principios esenciales del Estado de Derecho.
El informe señala textualmente:
“Se podría aplicar a cualquier régimen, del signo que sea, a elección de las Cortes en cada momento, o, lo que es más grave, a cualquier adversario político del momento. Incluso, podría pensarse, constituye una causa de disolución de todo tipo de asociaciones, también, por qué no, los partidos políticos…”
Es decir, hoy es la Fundación Franco. Mañana puede ser cualquier otra asociación, medio de comunicación, fundación provida o incluso partidos como Vox o el PP, aunque hoy sea su cómplice. Todo bajo el amparo de una ley hecha para instaurar una hegemonía ideológica excluyente. Una tiranía.
El fin de la separación de poderes. Lo más alarmante es que esta nueva ley permitiría disolver partidos políticos sin intervención judicial. Según advierten los letrados, la competencia exclusiva para estas decisiones está contemplada en la Ley Orgánica 6/2002, que establece procedimientos garantistas y fue avalada por el Tribunal Constitucional tras la ilegalización de Batasuna.
Pero ahora se pretende anular ese sistema garantista, para que sean las Cortes —es decir, el Ejecutivo controlando al Legislativo— quienes decidan a quién se permite existir políticamente y a quién no. Esto representa el colapso del equilibrio institucional, y nos acerca peligrosamente a la dictadura del partido único, al igual que en las dictaduras comunistas.
A pesar de la gravedad de lo expuesto, el PP ha anunciado que dará trámite a la ley en la Mesa del Senado, escudándose en precedentes como la Ley de Amnistía, que fue tramitada por miedo a acusaciones de prevaricación.
El resultado puede ser desastroso: si no se presentan enmiendas, la ley quedará aprobada automáticamente, con lo que se consagraría legalmente el principio de la persecución ideológica en España. Es el fin del pluralismo político y de cualquier disidencia real. Y es precisamente eso lo que busca esta izquierda dictatorial: pensamiento único y sometimiento total.
Una violación frontal de la Constitución. El informe del Senado es clarísimo. La ley que pretende ilegalizar la Fundación Franco contraviene al menos cinco artículos de la Constitución: Art. 14: igualdad ante la ley; Art. 16: libertad ideológica; Art. 20: libertad de expresión; Art. 22: derecho de asociación; Art. 25: legalidad en procedimientos sancionadores
Y todos ellos están blindados como derechos fundamentales, con el máximo nivel de protección constitucional (artículo 53 de la Carta Magna). Lo que esta ley plantea, por tanto, es directamente inconstitucional y profundamente antidemocrático.
No es una ley contra Franco: es contra todos. No nos engañemos. La Fundación Franco es el chivo expiatorio. El objetivo real es crear un precedente jurídico para eliminar cualquier organización que no comulgue con el dogma ideológico de la izquierda. Es la punta de lanza de una dictadura blanda que aspira a silenciar toda oposición legítima.
Este es el golpe final al pluralismo. La antesala de la tiranía. Y lo hacen con la complicidad de una derecha débil, sin principios, que prefiere ceder antes que luchar.
En Adelante España, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la unidad de España. Denunciamos esta ley como lo que es: un arma contra la democracia y un paso más hacia la instauración del pensamiento único, y de un estado tiránico.
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2 comentarios en «No es para prohibir la fundación Franco: Es para abrir la puerta a disolver partidos políticos por motivos ideológicos»
Lo que me sorprende es que los letrados del Senado no se comporten como «un admirador un amigo un esclavo un siervo» como sí hacen los letrados del Congreso.
Ya nos lo dijeron en el año 2020, con su COVID y su also Sars-Cov-2 empezaba la NUEVA NORMALIDAD.
La falsa vacuna COVID que ha causado millones de muertes y problemas neurológicos de difícil diagnóstico médico. Su implantación a nivel mundial y su componente de grafeno , componente no declarado y causante de la enfermedad COVID 19 por su interacción con las antenas de telefonía móvil. La presencia de grafeno se detecta con un simple microscopio.
¿Quién tiene poder para hacer todo lo mencionado? pues «ese» es el que gobierna el mundo y no los jefes de estado, políticos y demás patulea, que son puros esbirros.