Más subvenciones a chiringuitos: Belarra riega con dos millones de euros a 374 asociaciones animalistas

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 aumentan en 1,4 millones la cantidad asignada a la Dirección General de Derechos de los Animales y crean cinco tipos de subvenciones animalistas nuevas con cargo a las arcas del Estado.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Unidas Podemos, la comunista Ione Belarra, continúa con sus planes para convertir el departamento que dirige en un chiringuito animalista y ha concedido casi dos millones de euros en subvenciones con las que va a regar a 374 entidades autodenominadas animalistas.

Así lo recoge una resolución de adjudicación del director general de Derechos de los Animales, el animalista Sergio García, en la que reparte entre esas 400 asociaciones un total de 1.994.841,52 euros que es el total de la cuantía asignada a esta convocatoria.

Cada una de esta amalgama de chiringuitos animalistas se harán con un máximo de 5.000 euros. Entre las entidades agraciadas con la subvención de Belarra se encuentran, por ejemplo, la Asociación Bigotes Callejeros, Peluditos Urbanos, la Asociación Hocicos de Colores, la Plataforma Ciudadana Proanimal o la Asociación del Movimiento Antiespecista Lleo.

Más presupuesto

Con esto, la líder comunista podemita confirma su  empeño en otorgar una atención prioritaria en la acción de su departamento ministerial a la Dirección General de Derechos de los Animales, dotándola para ello de importantes partidas presupuestarias. Así las cosas, si en las Cuentas Públicas para 2022 la partida destinada a la citada Dirección General ascendía a más de seis millones de euros, en 2023 crece hasta los siete millones y medio, según recoge el proyecto de Presupuestos para 2023 recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Una ingente cantidad de dinero que supera en 1,4 millones la asignada en 2022, cuando ya fue de 6.080.610 euros.

Hay que recordar, que todo este dinero estará gestionado por Sergio García Torres, un animalista radical y declarado anticaza sin estudios cualificados que ocupa su cargo tras ser colocado a dedo por Unidas Podemos. Un cargo desde el que trabaja para sacar adelante normas que atacan a la caza y al mundo rural, como su proyecto de Ley de Bienestar Animal o una reforma del Código Penal que, según los expertos juristas, no es más que un ataque encubierto a la caza. Una labor por la que los contribuyentes españoles le pagamos más que al propio presidente del Gobierno: 86.108 euros al año.

Deja un comentario