A los agentes de la Policía Nacional del País Vasco se les ha acabado la paciencia ante la inacción y pasividad del Ministerio del Interior y del Gobierno de Pedro Sánchez frente a todos los agravios que están sufriendo en los últimos tiempos, en los que han vivido de cerca el «avance silencioso de movimientos separatistas» aprovechando la coyuntura de la crisis sanitaria. Se les ha expulsado de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, se les exige desde varias formaciones -incluida Podemos- que no investiguen el hallazgo de un zulo, se está ensalzando la figura de Josu Ternera y, especialmente, se están permitiendo impunemente los homenajes a etarras sin que reciban una sola orden de impedirlos «al tiempo que imágenes del jefe del Estado son decapitadas en la plaza pública».
Las principales plataformas policiales con representación en el País Vasco han firmado una carta conjunta en la que ponen de manifiesto su hartazgo con la situación que están viviendo en la comunidad. Están en el centro de una campaña para neutralizarles como Fuerza de Seguridad del Estado mientras, advierten, el Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado.
En la carta, que lleva el sello del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Federal de Policía (UFP), los representantes de los agentes que prestan servicio en el País Vasco denuncian «el hastío y abandono tanto de las instituciones como de la Administración dependiente del Estado, hacia la labor y la imagen de este cuerpo policial en la Comunidad Autónoma Vasca».
«Asistimos con perplejidad al avance silencioso de movimientos separatistas y a la exclusión de cualquier cuestión que evidencie la presencia del Estado en Euskadi, ante la indiferencia de nuestros responsables políticos e institucionales», denuncian en el escrito.
Diariamente, dicen, se realizan impunemente «actos de bienvenida a miembros de ETA salidos de prisión, homenajeándoles sin ningún pudor ni medida legal que contenga los actos de apología del terrorismo que en sí mismos constituyen». Cabe recordar en este punto que las excarcelaciones y acercamientos de etarras se han disparado (hasta 90 beneficiados) tal y como el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció en el Senado para calmar los ánimos de Bildu tras el suicidio en prisión de un terrorista.
Mientras en los pueblos vascos se realizan estos aurreskus a etarras salidos de prisión, «imágenes del jefe del Estado son decapitadas en la plaza pública el día de la Hispanidad», denuncian los agentes en referencia al acto realizado por Bildu en Pamplona el pasado 12 de octubre.
Presiones políticas
Por otra parte, los agentes también consideran que su compleja situación actual tiene un claro componente político. Recuerdan, por ejemplo, las presiones públicas que han recibido en las últimas semanas por parte de diversas formaciones políticas que han sugerido que «no es el momento» de investigar a los miembros de ETA detenidos recientemente y relacionados con el hallazgo de un zulo con armas. En ese depósito clandestino de la banda terrorista se encontraron dos bidones con explosivos y cordel detonante.
Bildu entró en cólera con estas detenciones y desde Podemos se las calificó como «fuera de tiempo» y que no aportaban nada «positivo». La formación morada pidió, explícitamente, dejar atrás «las injerencias del pasado».
Las asociaciones de Policía denuncian que mientras se producen estas presiones políticas hacia ellos y hacia el poder judicial, se da luz verde a una Ley para investigar presuntos excesos policiales «sin carga probativa ni tribunal colegiado para aplicarla, para hechos acaecidos hace más de 40 años».
Y mientras, en el plano mediático, están comprobando cómo se viene realizando un «blanqueamiento de la actividad terrorista de los últimos 40 años». O se está ensalzando la figura de Josu Ternera «como si de una celebridad o un actor de Hollywood se tratase», al tiempo que la televisión pública vasca realiza «documentales de apoyo a los autores condenados judicialmente por el ataque de Altsasua, o tilda de golpistas a las FFCCS del Estado que prestan servicio en el País Vasco».
Una «nueva normalidad»
Haciendo un símil con esa «nueva normalidad» de la que habla el Gobierno al referirse al escenario post-Covid y los cambios sociales que conlleva, los agentes describen con ese mismo término a las nuevas condiciones en las que prestan servicio en el País Vasco.
En esa «nueva normalidad», denuncian, han sido expulsados de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao. Ya no se les va a tener en cuenta para la organización y gestión de la seguridad en la capital vasca. «Resulta paradójico que, al tiempo que el Estado integra a las Policías Autonómicas en foros de colaboración y cooperación internacionales, a nivel periférico se persiga el objetivo contrario», denuncian.
«Parece ser y a modo de ejemplo que, las más de 4.000 personas dactilarmente identificadas por la Brigada de Policía Científica de Policía Nacional en la capital vizcaína durante el pasado 2019, el centenar de detenidos por falsedad documental en el Aeropuerto de Loiu, las más de 200 detenciones llevadas a cabo por la UDYCO de Policía judicial en materia de delincuencia organizada, las incautaciones de drogas, los miles de informes emitidos, los cientos de delitos esclarecidos, las sustancias estupefacientes intervenidas, las operaciones contra la trata de seres humanos, las víctimas de explotación sexual liberadas, las detenciones o la investigación de delitos relacionados con el yihadismo o los más de 100.000 DNIs y Pasaportes realizados por la oficina de expedición de Bilbao (punta de lanza en esta materia en nuestro país), no tiene trascendencia ni interés en materia de seguridad para el día a día de nuestros conciudadanos, según concluye el Ayuntamiento de Bilbao», concluyen.
(Pelayo Barro. Ok Diario)
