Un informe destapa once «ilegalidades e irregularidades» en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo del Gobierno
España se llena de molinos y placas fotovoltaicas. Pero no solo eso, también está impulsando la energía eólica marina
Molinos, placas fotovoltaicas y energía eólica marina que va en detrimento de la actividad agrícola y la pesca. Pero a Pedro Sánchez eso no le importa. Es más, para Sánchez seguir a rajatabla la agenda 2030 es lo fundamental aunque eso provoque que se arruinen los agricultores y pescadores.
En efecto, la amenaza se cierne también sobre la pesca y agricultores. Y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez los impulsa, los afectados denuncian que el Ejecutivo no se ha parado a evaluar el daño que puede generar al sector pesquero.
Demanda ante el Tribunal Supremo
Por ese motivo, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) para reclamar la anulación del decreto que establece los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) con los que el Gobierno regula la eólica marina, ya que considera que son «ilegales» por su impacto sobre el sector pesquero.
El portavoz de esta plataforma, Torcuato Teixeira, ha criticado que el Gobierno busca «favorecer el impulso de la eólica marina» sin informes en los que se evalúe el daño sobre la pesca, «prescindiendo de una de las actividades primigenias en el mar».
Once ilegalidades detectadas
La demanda se basa en un informe de expertos del Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña (UDC), en el que se detectan un total de «11 ilegalidades e irregularidades manifiestas» de cuestiones como la ley de protección del medio marino y la directiva marco de Ordenación del Espacio Marino. Alertan de que el Real Decreto 150/2023 de 28 de febrero en el que se aprueban los POEM «no se han tenido en cuenta» los impactos ambientales, sociales y de sostenibilidad para ajustarse a la legalidad vigente.
Apuntan que la demanda ante el Supremo se sustenta en la vulneración de los principios de precaución, legalidad y transparencia. También se pone de manifiesto una «vulneración constitucional» en relación con el artículo 130.1 de la Carta Magna que obliga a los poderes públicos a atender en especial el desarrollo de la pesca junto a otros sectores sensibles, pues el Ministerio «ha apostado» por la eólica marina «en detrimento de la pesca que será expulsada de sus caladeros».
(Con información de Libre Mercado)
