El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha defendido que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es «una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta«, y que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que «deben de realizar bien su labor y gestión para garantizar que las mujeres que se vayan a someter a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuenten con el apoyo apropiado».
La ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló el pasado jueves su intención de regular la objeción de conciencia de los médicos para que «no esté por encima del derecho a decidir sobre su cuerpo» de las mujeres y que estas puedan realizarse un aborto en «un hospital público, cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos».
En respuesta, la corporación médica destaca que la objeción de conciencia del personal sanitario es «un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias».
Así, insisten en que «dificultar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia por las normas o por las instrucciones reglamentarias es inapropiado, pero también es particularmente injusto». «Coloca a los médicos en la diana de la contrariedad de los pacientes y de sectores de la sociedad, cuando no tienen la culpa, y cuando las oportunidades de solucionarlo las tienen otros», apuntan.
«Y es injusto, porque en el momento actual, en la crisis de la pandemia de COVID-19, los poderes públicos han acumulado una enorme deuda moral con la profesión médica y con las demás profesiones sanitarias. Mala forma de honrar esta deuda sería provocar conflictos dormidos o utilizar a un colectivo muy dañado y maltratado, como coartada de políticas que no han sido diseñadas con la competencia técnica, o con los recursos materiales necesarios», concluyen.
(La Gaceta)
