Las víctimas advierten del «fraude» de los terceros grados a etarras

Con la llegada de Sánchez al poder, el papel de EH Bildu se ha fortalecido en el ámbito legislativo. En palabras de las víctimas,

Los proetarras de EH Bildu se han convertido, con el Gobierno de Pedro Sánchez, en el legislador más efectivo para los postulados etarras. De vaciar de competencias a la Guardia Civil de Tráfico en Pamplona a redactar la ley de Memoria Democrática pasando por lograr la «ley Otegi» para reforma de la ley de seguridad ciudadana.

También la norma ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) donde lograron camuflar las verdaderas intenciones de la ley para el intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la UE tiene tras de sí la mano de los abogados etarras donde, con una enmienda de Sumar, consiguieron que los terroristas salgan antes de prisión al descontarles las penas cumplidas previamente en Francia, a pesar de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo había avisado en 2022 de que esto iba a ocurrir.

La ruta de la excarcelación en Cuatro Fases: Ya estamos en la cuarta fase

La AVT ha descrito este proceso de excarcelación como un plan en cuatro fases, tal como recoge el diario La Razón, una hoja de ruta trazada para ir vaciando las cárceles de terroristas etarras. Según esta asociación, el primer paso fue trasladar a los presos a cárceles cercanas al País Vasco. En la segunda fase, estos presos fueron ubicados en cárceles directamente en el País Vasco y Navarra, una medida que buscaba prepararlos para el siguiente paso: la progresión a tercer grado. En esta tercera fase, el control sobre las cárceles vascas ha sido determinante. Desde que se transfirieron las competencias de prisiones al Gobierno vasco en octubre de 2021, la administración autonómica ha aplicado un modelo que prioriza el régimen de tercer grado.

La AVT advierte que la cuarta fase, ya en marcha, contempla la libertad condicional de estos reclusos, un paso que ahora depende del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Además, señala que el Gobierno podría estar planeando una reforma del Código Penal para reducir la pena máxima de 40 años en delitos de terrorismo, lo que abriría la puerta a una amnistía total cuando queden pocos presos en prisión. Para Maite Araluce, presidenta de la AVT, esta es la verdadera intención de este plan: la amnistía para todos los presos etarras.

La transferencia de competencias y el “Modelo Vasco”

Antes de octubre de 2021, la decisión de progresar a tercer grado a un miembro de ETA dependía de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, tras la transferencia de esta competencia al Gobierno vasco, el control de estas decisiones está en manos de la administración penitenciaria vasca, la cual ha adoptado un modelo que impulsa el régimen abierto de tercer grado. En el «modelo vasco», en lugar de justificar cada progresión al tercer grado, se debe justificar por qué un preso permanece en segundo grado, lo que facilita aún más la excarcelación de estos reclusos. Aunque la Consejería de Interior está dirigida por el PSE, el modelo se ha mantenido, cumpliendo en la práctica con las expectativas de los socios nacionalistas de Sánchez.

Desde febrero de 2022, 85 etarras han accedido al tercer grado, aunque varios casos fueron revocados o suspendidos por la Audiencia Nacional. Esta tendencia ha provocado que organizaciones como Covite denuncien el proceso como “fraudulento”, acusando a la Consejería de Justicia del Gobierno vasco de aplicar políticas de excarcelación encubiertas. Según Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, los etarras que logran el tercer grado siguen vinculados a la izquierda abertzale, una relación que impide cualquier arrepentimiento sincero por parte de estos terroristas.

Exmiembros de ETA en tercer grado: Crímenes que quedan impunes

En octubre, cinco etarras con delitos de sangre accedieron al tercer grado. Entre ellos, Aitor Olaizola, responsable del asesinato del mosso d’esquadra Santos Santamaría en 2001; Juan Manuel Inciarte Gallardo, implicado en el asesinato de Julio Segarra Blanco; y José Antonio Borda Gaztelumendi, condenado por el asesinato de tres personas. También han accedido Luis Mariñelarena Garciandía, participante en el atentado contra Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza, y Harriet Iragui Gurruchaga, responsable de tres asesinatos en el año 2000. Estos son solo algunos de los nombres de una lista de personas condenadas por terrorismo que, a través de un sistema legal que muchos califican de fraudulento, están accediendo a un régimen de semi-libertad.

Un fraude a la justicia y a las víctimas

Covite y la AVT advierten que esta situación no solo es un agravio a las víctimas del terrorismo, sino un “fraude” al Estado de derecho. “Se está cumpliendo una de las exigencias de ETA para dejar de matar: vaciar las cárceles de sus presos con trampas al sistema judicial”. A medida que el Gobierno de Sánchez avanza con el apoyo de EH Bildu y el PNV, las asociaciones de víctimas temen que los asesinos de ETA sigan quedando en libertad sin haberse arrepentido de sus crímenes, generando una profunda frustración y descontento en la sociedad española.

La excarcelación de estos reclusos etarras plantea una seria amenaza a la memoria y justicia que las víctimas merecen, así como a la cohesión y seguridad del país.