La sociedad civil se une: El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia y Profesionales por la Ética rechazan el registro de objetores
El Gobierno de Pedro Sánchez, caracterizado por su progresiva deriva autoritaria, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. Esta vez, la ministra de Sanidad, la comunista Mónica García, ha propuesto una medida que amenaza directamente los derechos fundamentales: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia. Este acto no solo vulnera la libertad personal, sino que refuerza la agenda gubernamental de reprimir, cancelar o restringir derechos esenciales de los ciudadanos.
La propuesta que atenta contra la objeción de conciencia
La objeción de conciencia, un derecho humano consagrado en tratados internacionales y protegido por la Constitución Española, se encuentra en peligro. La propuesta de Mónica García, presentada en el Consejo Interterritorial, consiste en crear un registro nacional donde queden identificados los médicos y sanitarios que objeten en casos como el aborto.
Esta medida, como han denunciado organizaciones civiles, atenta gravemente contra las libertades individuales y la privacidad, estableciendo un sistema discriminatorio que podría derivar en represalias.
La sociedad civil no se rinde
Ante la pasividad de los partidos de la oposición, ha sido la sociedad civil la que ha decidido alzar la voz. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y Profesionales por la Ética han manifestado su rechazo frontal a esta propuesta. Ambas organizaciones recalcan que la medida representa una violación de derechos fundamentales y han instado a la ministra de Sanidad a reconsiderar su posición.
Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, ha señalado:
«Desde la sociedad civil, instamos a la ministra de Sanidad a reconsiderar esta propuesta, que supone un retroceso en los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios.»
Por su parte, María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, subraya la gravedad de esta acción:
«La objeción de conciencia es un derecho que protege los principios éticos y las creencias de los profesionales. Este registro limita este derecho.»
Los peligros de un registro de objetores
Las organizaciones han enumerado los principales problemas que plantea esta propuesta, dejando claro que su implementación sería un grave error:
- Vulneración de derechos humanos:
La objeción de conciencia es un derecho fundamental que protege la libertad de conciencia y religión. Exigir a los médicos que se registren equivale a forzarles a declarar sobre sus creencias personales, lo que contraviene principios básicos de libertad. - Discriminación y estigmatización:
Crear un listado de médicos objetores no solo discrimina a estos profesionales, sino que también estigmatiza a quienes opten por ejercer este derecho legítimo. En un entorno laboral, esto puede generar divisiones y conflictos innecesarios. - Violación de la privacidad:
El registro implicaría recopilar información personal sensible, vulnerando el derecho a la privacidad de los profesionales sanitarios. - Riesgo de represalias:
Con un registro oficial, los objetores podrían ser víctimas de persecuciones en sus lugares de trabajo o incluso ser objeto de represalias por parte de superiores o compañeros que no compartan sus principios.
Una ministra al servicio de la ideología
La propuesta de Mónica García no sorprende, considerando el historial del Gobierno de Sánchez y sus ministros. Esta acción no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de reprimir las libertades individuales para imponer una agenda ideológica que margina a quienes no se alinean con ella.
El carácter dictatorial de estas medidas queda reflejado en la falta de diálogo y en el uso de las instituciones del Estado para restringir derechos fundamentales. La sociedad civil, una vez más, se ve obligada a enfrentarse a un poder tiránico que actúa en contra de los principios democráticos.
La inacción de la oposición
Resulta preocupante que, frente a estos ataques a las libertades fundamentales, los partidos de la oposición permanezcan en gran medida inactivos. Mientras el Gobierno de Sánchez avanza con sus políticas represivas, es la sociedad civil la que está plantando cara, defendiendo derechos que deberían ser protegidos por todos los estamentos políticos.
La propuesta de registrar a los objetores no puede ser permitida. La objeción de conciencia no solo es un derecho individual, sino una garantía de pluralidad y diversidad ética en una sociedad democrática.
En este contexto, es fundamental que todos los ciudadanos se mantengan informados y apoyen a las organizaciones que luchan por la defensa de las libertades. Como señala el presidente de Profesionales por la Ética, Miguel Gómez de Agüero, la sociedad civil tiene la responsabilidad de actuar:
«Desde la sociedad civil, instamos a la ministra de Sanidad a reconsiderar esta propuesta, que supone un retroceso en los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios.»
Es hora de alzar la voz frente a un gobierno que, cada día que pasa, demuestra menos respeto por las libertades individuales y los derechos fundamentales.
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