La persecución religiosa en Nicaragua por la dictadura comunista de Daniel Ortega

Distintas instituciones consideran la situación como un crimen de lesa humanidad

En los últimos años, la situación en Nicaragua bajo la dictadura comunista de Daniel Ortega ha venido marcada por una escalada de la persecución, con severas restricciones a los derechos humanos y una represión sistemática de la oposición política y la sociedad civil. Además, la persecución religiosa ha sido otro de los puntos más lamentablemente destacados de esta dictadura que sufre Nicaragua.

Desde la crisis política de 2018, la dictadura de Ortega ha intensificado las medidas represivas para mantener el control. Las protestas masivas que surgieron en ese momento fueron respondidas con una sangrienta y violenta represión, que resultó en cientos de muertos y miles de heridos.

A raíz de estos eventos, el gobierno ha adoptado una postura cada vez más autoritaria, criminalizando la disidencia y restringiendo las libertades de expresión, reunión y asociación.

En los últimos años, la situación ha empeorado con la promulgación de nuevas leyes dictatoriales. Tal y como señalan diversos medios de comunicación internacionales,  la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos han sido utilizadas para silenciar, e incluso eliminar, a opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

El caso de la Iglesia Católica

En este sentido, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido uno de los críticos más visibles de la dictadura comunista de Ortega, denunciando las violaciones a los derechos humanos. Esta postura ha llevado a una represión directa contra sus líderes, como es el caso del obispo Rolando Álvarez. Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022 sin un proceso judicial adecuado y condenado a una larga pena de prisión, en un intento evidente de silenciar una voz crítica dentro del país.

Álvarez permaneció en prisión más de un año, rechazando la posibilidad de abandonar el país. Finalmente fue desterrado al Vaticano junto a otros 18 religiosos en enero de este mismo año. Por otra parte, el gobierno también ha confiscado propiedades de la Iglesia, incluido el cierre de universidades y medios de comunicación asociados.

En el contexto de la persecución generalizada contra la Iglesia Católica y otros grupos religiosos en Nicaragua,  el caso de Rolando Álvarez simboliza la resistencia frente a un régimen dictatorial comunista  que busca silenciar cualquier voz de oposición.

Además, las actividades religiosas han sido objeto de prohibición de procesiones y eventos públicos, limitando así la libertad de culto y de expresión de la comunidad religiosa en general.

Ante todo lo expuesto,  la comunidad internacional ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno nicaragüense.

En sus informes, la ONU ha descrito la situación en Nicaragua como un deterioro grave de los derechos humanos, con violaciones sistemáticas que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Además, los organismos internacionales han llegado a considerar un crimen de lesa humanidad la situación de los religiosos católicos en Nicaragua.

A nivel interno, la represión ha generado un clima de miedo e incertidumbre, con muchos ciudadanos temiendo expresar sus opiniones o participar en actividades políticas y sociales.

Fuente: Cierre Digital