El borrador de la ley Castells, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, abre la puerta a una purga de rectores en función de la conveniencia política así como a una discriminación de los hombres- que podría ser inconstitucional-.
Elecciones de rectores
Según la nueva norma del ministro Manuel Castells, los rectores ya no tendrán que ser catedráticos, como hasta ahora. Los profesores titulares también podrán optar al cargo.
Además de ser elegidos por sufragio universal, también podrán ser designados por un «órgano específico» formado por «entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% al estudiantado, el 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% a personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales».
La ley limita el desempeño en el cargo durante un periodo improrrogable de seis años (en la actualidad pueden ocupar el puesto durante cuatro años, prorrogables otros cuatro). Ante las críticas por los cambios de criterio -que pueden favorecer que se coloque a personas afines– Castells ha respondido este martes que «lo importante no es el rango, sino la capacidad de gestión». A los candidatos, tras eliminar el requisito de la cátedra, se les exigirá tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
La norma incorpora una seria discriminación contra el hombre, de forma que «se podrán establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate». Esto significa que las mujeres podrán tener «preferencia» frente a los hombres.
Además, obliga a disponer de «unidades de igualdad y de diversidad», garantizar la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados y contar con planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos; protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo y un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios. También se tendrá que evaluar el «impacto de género del presupuesto universitario» y «medidas de conciliación» y «corrección de los usos del tiempo».
El Rey ya no expedirá los títulos
El anteproyecto indica que solo el rector expedirá los títulos universitarios oficiales. Ya no serán expedidos en nombre del Rey, que desaparece de la redacción en la nueva ley. Mientras que en la norma vigente se señala: «El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en nombre del Rey por el rector de la universidad».
Luz verde a la ‘ley Castells’
Tras pasar por el Congreso de los Diputados para su redacción definitiva, la norma se convertirá en la tercera gran modificación del sistema universitario español desde la democracia.
