Empecemos por el principio, que un poco de historia siempre viene bien para contextualizar. Los médicos, desde tiempo inmemorables se deben al juramento que hacen el día de su graduación. En esencia, podemos ver el avance, y a la vez la tradición, propios del juramento que ha ido variando en forma pero imperceptiblemente en contenido, desde el de Hipócrates:
“Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante; me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza (…)”
Hasta el de la Declaración de Ginebra de 2017:
“Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y bienestar de mi paciente, respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente, y velar con el máximo respeto por la vida humana (…)”
Asimismo, encontramos otras normas de importante peso (a las que solo se recurre como referencia si la resolución que ofrecen es favorable a la ideología perseguida) que han rechazado explícitamente la legalización de la eutanasia.
- En el ámbito internacional, véase: la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, American Medical Association, Asociación Médica Mundial, Organización Mundial de la Salud, Cámara de los Lores Británica, etcétera.
En concreto, destacamos la Declaración de la Asociación Médica Mundial que ha rechazado firmemente la eutanasia y el suicidio con ayuda médica. - En el ámbito nacional, véase: el Código de Deontología Médica -que literalmente dice que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste-, el Informe del Comité de Bioética –señalando que estas figuras no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización-, y la Declaración Oficial de los Colegios de Farmacéuticos, Odontólogos y Médicos de Madrid –la cual denuncia la gravedad del engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable-.
De forma reaccionaria al movimiento proeutanasia en España, la sociedad civil se está organizando y poniendo a disposición a los ciudadanos herramientas jurídicas que les libre de ese mal. Como por ejemplo, el documento de últimas voluntades para prevenir un clima de desconfianza frente al personal sanitario de confianza o a familiares.
Si hasta aquí hemos pretendido abordar la ilegitimidad de la eutanasia de la forma más objetiva, ahora daremos unas pinceladas para sustentar también su ilegalidad, más abierta a debate.
Si la eutanasia se fundamenta en la voluntad del paciente, cómo considerar el consentimiento de una persona sufriente válido. Probablemente, no tendría capacidad para firmar contratos civiles sobre la herencia. ¿Por qué sí para decidir sobre la vida?
Asimismo, no podemos olvidar que la propuesta de ley que hay en España ampara también el suicidio asistido. Hagamos unos cálculos rápidos: según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 4.000 suicidios al año y 8.000 intentos que acaban en hospitalización. El precio medio de mercado de la eutanasia es de 10.000€ por muriente. A mí me salen 120 millones de euros de beneficios. ¿De verdad crees que no es negocio?
