Restaurantes, bares, empresas turísticas y de ocio rechazan más créditos y moratorias fiscales y piden ayudas a fondo perdido. «Solo retrasarían el cierre», alertan.

Ni cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saltó todas las normas del buen comunicador y obvió todas las claves que hay que cumplir cuando se comunica una información. Sobre todo cuando esta se refiere al plan de ayudas para la hostelería, que el sector lleva reclamando con tanta ansiedad varias semanas. Hizo este anuncio en La Rioja, durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero todo quedó en eso, en un «anuncio sin contenido», afirman desde la patronal de los hosteleros. «Tendremos que seguir esperando para saber algo concreto, porque a nosotros no nos han informado de nada, ni nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros», manifestaron con cautela, pero aseguran que «sabe a poco».

Y razón no les falta, Sánchez hizo su anuncio sin concretar cifras, fechas ni medidas. Se limitó a anunciar que «próximamente» verá la luz en el Consejo de Ministros –presumiblemente en el del próximo martes– un «plan de ayudas complementarias» para el sector del turismo, el transporte, el pequeño comercio, el ocio y las actividades culturales. Serán, dijo, un paquete de acciones «que completarán» las medidas que ya están tomando las comunidades y los ayuntamientos.

El Gobierno ha reiterado durante toda la semana que estaba ultimando con las autonomías y los consistorios lo que se va a convertir en el plan de apoyo al sector de la hostelería. Pero las patronales ya se empiezan a temer que este no será un plan con entidad propia y que se limitará a aprobar medidas individuales y puntuales de apoyo a las ya tomadas. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que las ayudas directas pueden depender de la llegada de los fondos europeos.

Pero el sector no puede esperar a la aprobación de esos fondos. Las patronales se quejan de que continúa la incomunicación con el Gobierno, «que sigue sin informarnos ni convocarnos a ninguna reunión para cerrar medidas de forma conjunta, por lo que vamos a seguir con las movilizaciones hasta que sepamos qué van a hacer», manifestaron a este diario fuentes empresariales.

Aseguran tener razones para la desconfianza. Temen que todo vuelva a quedarse en un paquete de medidas indirectas, que se limiten a nuevas bonificaciones y exoneraciones fiscales o de cuotas, la ya aprobada de la ampliación de la carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO, así como acciones para poder renegociar los alquileres o una posible bajada del IVA. Sin embargo, para el sector hostelero estas medidas llegan tarde y solo servirán para retardar su cierre. Por ello, reclaman que estas ayudas sean directas, «no diferidas», por un valor mínimo de 8.500 millones de euros a fondo perdido, con los que, como ya se ha hecho en otros países europeos, solucionarían los problemas de liquidez de las empresas del sector», defiende José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. Este dinero conseguiría «garantizar nuestra supervivencia al menos de forma temporal. Ya no nos valen medidas que implican tener que devolver el dinero. No podremos pagarlo».

Además de este fondo de liquidez, sus reclamaciones son claras y directas: rebajar el IVA al 5% para el sector; moratorias o eliminación de la devolución de créditos y alquileres; la definición de planes gastronómicos y de formación; y la derogación de la cláusula de los ERTE que obliga a mantener el empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.

Han reclamado que vuelva a replantearse la retirada de las medidas más restrictivas y que se siga el ejemplo de Madrid, que no ha cerrado la actividad –solo ha restringido aforos y horarios– y ha conseguido bajar drásticamente los contagios. Recuerdan las patronales que, según las cifras que maneja Sanidad, los bares y restaurantes solo acumulan el 3,3% de los contagios desde mayo, un porcentaje muy inferior al de otros ámbitos profesionales. El coste de estas restricciones es evidente. Según datos facilitado por las patronales, hasta el mes de octubre se ha bajado la persiana a 65.000 negocios, se han perdido 350.000 puestos de trabajo directos –una cifra similar de indirectos, que elevaría los parados por encima de los 600.000– y se ha producido una caída superior al 50% de la facturación respecto a 2019, cuando el sector aportó 102.168 millones de euros al gasto en consumo final. Esto equivale a una facturación superior a los 123.000 millones, lo que generaba una aportación del 6,2% a la economía española. Si se ha perdido al menos un 50% de la facturación, se habrían quedado por el camino cerca de 62.000 millones. Además, de los 1,64 millones de trabajadores –que corresponden al 8,5% del total del empleo en España– apenas la mitad queda en activo, entre despedidos o en ERTE.

A todo ello hay que sumar las consecuencias indirectas, las que afectan a más de 30.000 empresas asociadas a la hostelería, cuya facturación conjunta supone cerca del 20% del PIB nacional, y que también corren peligro. Por esta razón, y por el debilitamiento generalizado de estas empresas, los empresarios entienden que las medidas articuladas hasta ahora –como los ERTE, las exenciones, bonificaciones y préstamos ICO–, aunque siguen siendo válidas, ya no son suficientes para sostener al sector, por lo que piden que además de las citadas ayudas directas el resto de medidas extiendan su vigencia al menos hasta el mes de mayo de 2021 o de forma indefinida, como se ha hecho ya en Alemania, Francia o Italia, países que ya han destinado paquetes de 10.000 millones no reembolsables de ayudas directas a autónomos y empresarios de la hostelería. Además, creen que serían muy eficaces otro tipo de medidas, como el fomento de la demanda a través de bonos al consumo.

Los empresarios recuerdan que los «planes Marshall» puestos en marcha en Europa para apoyar a la industria turística ascienden ya a 130.000 millones de euros, de los cuáles sólo 4.262 millones corresponden a medidas del Gobierno español, una cifra «claramente insuficiente», al representar apenas el 3,3% de todo el importe, pese a que el peso del turismo en la economía nacional es sensiblemente superior al de la mayoría de países europeos.

Si estas ayudas directas no llegan «será imposible parar la desaparición de al menos un tercio de los establecimientos hosteleros», lo que equivaldría a otros 100.000 establecimientos de aquí a final de año y la pérdida de más de un millón de empleos. «Ya no podemos esperar más», sentencia Yzuel.

(Javier de Antonio. Diario La Razón)

Por Redaccion

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