Según Patrícia Gomà, ninguno de los dos centros tendrá que aplicar el fallo del Tribunal Supremo porque «ha quedado desfasado con la nueva normativa de la Generalidad» y «es inaplicable».
Patrícia Gomà considera que la sentencia del Tribunal Supremo es papel mojado, toda vez que se remite a un marco legal superado por el decreto ley y la nueva ley de usos lingüísticos en la enseñanza aprobadas por el gobierno autonómico y el parlamento regional. Así mismo, ha señalado que «la justicia va muy lenta y se pronuncia años después de que pasen las cosas». Por eso entiende que los dos proyectos lingüísticos tumbados por el Tribunal Supremo por excluir el español como lengua vehicular, junto al catalán, son perfectamente legales y siguen vigentes.
La secretaria general de la consejería de Educación ha explicado que en la actualidad hay 22 escuelas en Cataluña donde el curso pasado se aplicó el 25% de español, pero no en todas las clases sino en las que había niños cuyos padres habían recurrido al TSJC. En diez de ellas, el TSJC había dictado medidas cautelares para la aplicación del 25% y en el resto ya se había agotado la vía judicial. A criterio de la Generalidad, las escuelas con medidas cautelares no tienen que cumplir con el fallo. A tal efecto ha recurrido al TSJC para que anule tales medidas. No lo tiene tan claro la administración autonómica respecto a los centros con sentencias firmes.
La intención de la Generalidad tras el pacto firmado con el Gobierno sobre el impulso del catalán es blindar la inmersión lingüística y la erradicación completa del español en la enseñanza pública y concertada. Así, elabora en la actualidad un decreto que obligaría de las guarderías hasta los seis años a priorizar el catalán sobre el español aunque sea este último idioma la lengua materna del bebé. En la práctica, la primera enseñanza en Cataluña se hace solo en catalán.
Manifestación con el lema «Español, lengua vehicular»
