La fiscal general del Estado de Perú, Patricia Benavides, ha presentado ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra el presidente comunista Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Así lo ha informado el Ministerio Público peruano en un comunicado en el que ha detallado que la denuncia también alcanza al exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la Justicia desde junio, y al exministro de Vivienda Geiner Alvarado.
«Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República de Perú como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder», reza el documento firmado por Benavides y entregado al Parlamento.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Esta denuncia constitucional deberá ser ahora evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del Congreso Lady Camones (APP). En el caso de que prospere, la demanda pasará a la Comisión Permanente y finalmente será votada en el pleno, según ha informado la emisora RPP.
En la subcomisión se deberá nombrar a un congresista delegado para que evalúe la denuncia y presente un informe inicial, luego se convocará a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes y finalmente se presentará las conclusiones, que tendrán que ser sometidos a votación.
La Fiscalía investiga el entramado de corrupción
La noticia sobre la acusación contra Castillo se conoció el mismo día en que la Fiscalía, con el apoyo de un grupo especial de la Policía, allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido Acción Popular (AP), así como la casa de una hermana del presidente.
Estos congresistas son llamados «Los Niños» por los medios de comunicación locales y la oposición política tras una declaración prestada en febrero pasado a la Fiscalía por la empresaria Karelim López, quien aseguró que coordinan actividades ilícitas dentro del Ejecutivo con Castillo a cambio de apoyar al Gobierno con sus votos.
A pesar de que la Constitución peruana solo contempla la posibilidad de procesar al presidente en funciones en casos de traición a la patria o de obstaculización de elecciones, Castillo acumula seis investigaciones preliminares de la Fiscalía desde que asumió el cargo en julio de 2021.
Cinco de ellas están a cargo del fiscal Benavides y están vinculadas a hechos relacionados con su gobierno, mientras que otra está en manos de la Fiscalía de la región norteña de La Libertad, que lo investiga por un presunto plagio en la tesis de maestría que realizó junto a la primera dama.
Castillo niega que haya pedido asilo político
El presidente comunista peruano, Pedro Castillo, aseguró que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción.
“Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real”, dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales al ser preguntado directamente acerca de si pensaba pedir asilo a otro país.
