La factura oculta del ‘sanchismo’: el déficit estructural ya supera los 60.000 millones

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A menudo hablamos sobre el déficit presupuestario de las Administraciones Públicas refiriendo cuál ha sido el equilibrio entre ingresos y gastos durante un ejercicio concreto. Sin embargo, aunque esta medición es de uso recurrente y generalmente aceptado, no debemos obviar el hecho de que está influenciada por el ciclo económico.

Es por eso que la mayoría de analistas incorpora también en sus estudios el análisis del déficit estructural, que no es otra cosa que el componente del déficit público que no está relacionado con la coyuntura económica o con gastos puntuales y extraordinarios, sino que contabiliza las decisiones de ingresos y gasto con la mirada puesta en su permanencia en el tiempo.

Pues bien, en el caso de España, el último informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos encuentra que «el saldo saldo presupuestario corregido de su componente cíclico (saldo estructural) se deterioró ampliamente en el último año, creciendo del 3,8% al 4,2% del PIB durante el año 2020, lo que refleja una ampliación de los desequilibrios».

Además, según las previsiones de la Comisión Europea, «este componente del déficit público se situaría en el 5,2% del PIB en 2022, siendo España junto a Italia uno de los países de la Eurozona con mayor porcentaje de déficit estructural». En términos monetarios, hablamos de un descuadre que supera los 60.000 millones de euros.

Así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que el coste estructural de la pandemia y su gestión para las arcas públicas sería mayor de un punto de PIB, lo que solo contribuye a ahondar lo que IEE define como «una posición de desequilibrio que dificulta el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento».

Ante esta circunstancia, en el IEE advierten que «esta debilidad de las finanzas públicas supone una amenaza para la viabilidad del Estado de Bienestar y debe mover al diseño de una estrategia a corto y medio plazo de consolidación fiscal, orientada a asegurar un entorno económico estable y previsible, que contemple como principal objetivo la reducción del déficit estructural y, con ello, de la deuda pública».

(Diego Sánchez de la Cruz. Libertad Digital)