El sindicato pide analizar si prevaricó por la participación de su marido, también juez, en el caso
El sindicato Manos Limpias ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que reabra actuaciones para investigar a la jueza de la Dana por presunta prevaricación.
La entidad considera que ya existen pruebas suficientes sobre la posible participación del marido y juez, Jorge Martínez Rivera, en la instrucción del caso que lleva su esposa, la instructora Nuria Ruiz Tobarra. Según el sindicato, nuevos elementos contradicen la inadmisión previa del alto tribunal valenciano.
La petición llega solo un día después de que la magistrada rechazara la nulidad del procedimiento y su propia recusación. El caso vuelve así al centro del debate jurídico y público.
Manos Limpias insiste ante el TSJV
Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la investigación judicial de la mortal riada, presentó el pasado verano una querella por prevaricación contra la instructora del caso. El 12 de noviembre, el TSJV confirmó la inadmisión de esa querella, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal. La Sala de lo Civil y Penal consideró que no existía “un principio de prueba que justificase la apertura de un procedimiento penal” por prevaricación y coacciones.
Sin embargo, el sindicato sostiene ahora que sí concurren indicios suficientes. En su nuevo escrito de alegaciones, solicita que el alto tribunal valenciano revise la decisión anterior y analice la posible responsabilidad penal de la magistrada y de su marido por un presunto delito de intromisión o invasión de competencias.
La participación del marido, en el punto de mira
El núcleo de la controversia gira en torno a la actuación de Jorge Martínez Rivera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Según el sindicato, el magistrado habría tenido una “participación ilícita” en varias vistas del procedimiento. En concreto, habría dirigido preguntas a testigos y dado órdenes a funcionarios en la Ciudad de la Justicia valenciana.
Manos Limpias afirma que dos víctimas más de la riada, que comparecieron para denunciar el fallecimiento de sus progenitores, fueron interrogadas por el marido de la instructora. Este extremo, a juicio del sindicato, constituye un elemento nuevo que sí aporta base probatoria.
La Sala rechazó en noviembre la querella al entender que “no se aportaba ningún elemento” sobre “la eventual participación del marido de la magistrada” en la instrucción. Ahora, el sindicato insiste en que esa participación sí existió y que el tribunal debe revisarla.
La Justicia no puede permitir sombras en una causa que afecta a víctimas mortales
El debate jurídico y la exigencia de transparencia
El TSJV recordó en su resolución que, si se pretende cuestionar la validez de diligencias incorporadas a las actuaciones, resulta exigible que se impugnen dentro del propio proceso mediante los mecanismos que ofrece la legislación procesal. La Sala advirtió que no corresponde “tratar de hacerlo por esta vía paralela”.
Manos Limpias, sin embargo, sostiene que la intervención del marido de la jueza no constituye una mera cuestión procesal, sino un posible supuesto de invasión de competencias que afecta a la imparcialidad del procedimiento.
Independencia judicial y confianza pública
El debate no solo afecta a un expediente concreto. También incide en la confianza de los ciudadanos en la independencia judicial. Cuando surgen dudas sobre la participación de familiares directos en una instrucción, la transparencia resulta imprescindible.
Manos Limpias no pide una condena anticipada. Solicita que el TSJV investigue y valore si existen indicios suficientes para abrir procedimiento. Esa diferencia resulta clave en un Estado de Derecho: investigar no equivale a condenar, pero ignorar indicios sí puede erosionar la confianza institucional. Cuando aparecen dudas razonables, corresponde a los tribunales aclararlas con serenidad y firmeza.
La justicia debe proteger a las víctimas. Solo así se consolida una sociedad que cree en la ley y en la responsabilidad.
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