Junio va a ser un mes crítico para las finanzas públicas. El Estado deberá hacer frente a los pagos ordinarios y a las extras de pensionistas y empleados públicos, además de la nómina de cuatro millones de trabajadores que están cobrando un ERTE de fuerza mayor. Un mes complejo en el que la Seguridad Social también comenzará a abonar la renta mínima, cuyo coste anual rondará los 3.000 millones.
Solo pensiones y expedientes de regulación temporal se llevarán 25.500 millones. Si a esta cantidad le sumamos el sueldo de los empleados públicos y el ingreso mínimo la cifra superará los 29.000 millones. Factura que moverá los cimientos del balance del Estado en un momento de fuertes desembolsos sanitarios derivados del impacto del Covid-19. Acorralado por los gastos el Gobierno de coalición ya se prepara para pedir el rescate a Europa, tanto al MEDE, como al fondo de desempleo (SURE).
Con los recursos que obtenga el Ejecutivo hará frente a los pagos de ERTE, una fórmula de ajuste temporal de empleo que tiene un coste mensual para las arcas públicas de alrededor de 5.500 millones. La cifra incluye las prestaciones por paro que reciben los trabajadores mientras está suspendido su empleo y lo que deja de ingresar la Seguridad Social por la exoneración del pago de cotizaciones empresariales. En total, el Gobierno espera gastar en esta partida 18.000 millones, lo que para hacerse una idea es equivalente al déficit en pensiones.
En junio los trabajadores con suspensión de su empleo volverán a cobrar sus nóminas del Estado después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, que abre la puerta a nuevas prórrogas para sectores con más problemas, como los relacionados con el turismo, que encara uno de sus años más complejos, prácticamente paralizado, y a las puertas de un verano atípico sin turistas extranjeros. A partir del 30 de junio será una comisión formada por el Ejecutivo y los agentes sociales la que decida quién podrá seguir cobrando un ERTE.
La nómina mensual y la extra de verano
Lo que es una certeza es que la Seguridad Social deberá desembolsar en junio 20.000 millones para pagar las pensiones, la nómina ordinaria y la extra de verano. Y vuelve a endeudarse. Si en una situación normal el sistema no tiene recursos suficientes para pagar a los jubilados, ahora con los gastos a cuestas de la pandemia la situación es crítica. Y es muy probable que no sea la última vez que el departamento que dirige José Luis Escrivá se endeude. Organismos nacionales e internacionales ya aventuran que el parón de la actividad provocará una nueva oleada de despidos cuando se supere la crisis del Covid-19, y con ellos un desplome de las cotizaciones en un momento en el que, además, el Fondo de Reserva está prácticamente a cero. Al desembolso de recursos para el desempleo se une también la exoneración de cotizaciones para los autónomos que han pedido el cese extraordinario de actividad, más de un millón, y la flexibilidad en los aplazamientos aprobada para pymes y autónomos, que detraen recursos a la Seguridad Social.
Esta situación ha provocado que el sistema pidiera un nuevo préstamo de 13.830 millones con el que asegurar el pago de las pensiones. La cifra es la misma que se concedió el pasado ejercicio, ya que es la que está consignada en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
El nuevo torrente de gastos llega en uno de los peores momentos en la historia de la Seguridad Social, que Escrivá pretendía revertir cuanto antes. La realidad de los datos alejan este objetivo para el sistema, que tiene un déficit de 18.000 millones y una deuda millonaria, que antes de la crisis sanitaria ya superaba los 55.000 millones. Un pasivo que está contribuyendo de forma decisiva al aumento de la deuda del sector público.
El motivo de esta escalada hay que encontrarlo en los créditos anuales que se ha visto obligada a pedir el sistema para poder hacer frente a los casi diez millones de pensiones, ya que las cotizaciones de los 19,6 millones de afiliados son insuficientes para cubrir unas prestaciones que crecen a un ritmo superior al 3% y dado que la «hucha» no alcanza para cubrir una paga mensual.
Los pasos del presidente
Esta explosión de gasto dirige a paso firme a Pedro Sánchez hacia el rescate europeo. El grueso del gasto público está aumentando por la subida del paro y la cobertura a los afectados por los ERTE y por esta presión el Gobierno ha informado a Bruselas que el 31% de la población activa pasa a depender del Estado en esta crisis, lo que se traduce en más de siete millones, la mayoría en regulaciones de empleo. Por ello, se da por segura la vía del seguro europeo de desempleo (SURE), un fondo de hasta 100.000 millones en créditos de la Comisión Europea cuyo detalle se debe negociar aún en Europa. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya reconoció que esperan conocer el detalle de estas ayudas y que no esquivaría «ninguna oportunidad de financiación que pueda resultar más interesante para nuestro país».
Inyección europea para el desempleo y MEDE, el fondo de rescate por excelencia, que proporciona créditos a bajo interés y fue activado el pasado viernes por el Eurogrupo para cubrir gastos sanitarios derivados del Covid-19. Sánchez optará a estos recursos, que en el caso de España llegan hasta 24.000 millones, con desembolsos por tramos que deberán ser justificados sucesivamente ante las autoridades europeas.
Y si esta es la batalla que libra España, la guerra se llama Fondo de Reconstrucción, tiene 1,5 billones y el jefe del Ejecutivo pretende que se incluyan transferencias y deuda perpetua. Europa le dice no. Le va a resultar difícil al presidente lograr financiación llegado el caso, al formar parte de un Gobierno de coalición con compañeros de viaje como Podemos, muy amigos del derroche económico, y apoyado en los independentistas catalanes de ERC. Las exigencias van a ser muchas.
(Susana Alcelay. Diario ABC)
