La pequeña Indi Gregory, la niña británica eutanasiada (mejor decir, asesinada) el pasado 13 de noviembre por orden de los jueces del Reino Unido, que no permitieron trasladarla a Italia para intentar un tratamiento alternativo en el hospital Bambino Jesu de Roma, que era el deseo de sus padres e incluso el del Gobierno italiano, cuya primera ministra Giorgia Meloni le había dado la nacionalidad italiana para facilitar su traslado.

Cuando los jueces ordenaron su desconexión de su soporte vital, sus padres quedaron desolados: «Es otra decisión unilateral de los jueces y del sistema sanitario. El mundo entero está mirando y está asombrado de cómo hemos sido tratados». «Claire y yo siempre hemos querido el mejor interés de Indi. Ella tiene derechos humanos y queríamos darle el mejor tratamiento posible. Si el Reino Unido no quiere financiarlo, ¿por qué no podemos ir a Italia a recibir el tratamiento y los cuidados que la extraordinaria primera ministro y su gobierno ofrecieron?«, se quejaba su padre Dean.

Tras su asesinato por eutanasia obligada por los jueces británico, su padre Dean declaró: «Mi esposa Claire y yo estamos indignados, desconsolados y avergonzados». «El sistema sanitario y el tribunal no sólo la han privado de una vida más larga, sino que también le impidieron la dignidad de morir en el hogar familiar al que pertenecía. Le arrebataron a Indi su cuerpo y su dignidad, pero nunca podrán quitarle su alma«.

Rechazo internacional

La eutanasia de Indi dio la vuelta al mundo debido a la obsesión enfermiza de los jueces y médicos en Reino Unido por aplicar la eutanasia a niños que –aunque sus circunstancias vitales eran difíciles para sobrevivir– podrían haber sido tratados médicamente, tal y como era el deseo de sus padres.

Tanto es así que ha suscitado un debate en torno a la pregunta de por qué ha de prevalecer la opinión del Estado sobre la de los padres en casos como el de Indi y el de los otros niños eutanasiados en Reino Unido. Porque lo mismo sucedió con otros niños británicos como Charlie Gard, Alfie Evans, Isaiah Haastrup y Archie Battersbee.

Así, por ejemplo, el presidente de Médicos Católicos de Italia, Filippo Maria Boscia, declaró: «Se comete una violación cuando la obsesión por el gasto prevalece sobre todo, incluso sobre el valor de la vida». «La posición adoptada por los médicos ingleses y las autoridades me parece francamente incomprensible y diría incluso inhumana. Es la demostración de hasta qué punto el problema económico prevalece ahora sobre el lado humano, y se niega el derecho a la esperanza. Puedo decir con tranquilidad que se ha producido una barbarie».

Sobre la calificación de «enfermedad incurable», Filippo Maria Boscia advierte. «El problema grave y real es que los médicos y las autoridades califican la situación como incurable y creen que insistir es un gasto inútil. Hablamos mucho de ecología, de naturaleza, de protección de flores y árboles, y no prestamos atención a la ecología del hombre», afirma. «Nunca debemos valorar conveniencias o gastos, sino que es absolutamente necesario ayudarles a vivir y, si esto no es posible, acompañarles hasta la muerte con dulzura, pero de forma humana», comenta Boscia.

Por su parte, Jacopo Coghe, vicepresidente de Pro Vita & Famiglia opinó: «En estos casos, la decisión, con la excusa de un supuesto «mejor interés» para el niño, fue tomada por médicos y jueces basándose en parámetros de dignidad de la vida totalmente eutanásicos. El servicio de salud y la judicatura británicos han considerado a esta niña indigna de vivir a pesar de la posibilidad real de los mejores cuidados paliativos y del amor de sus padres. Si la inviolabilidad de la vida ya no es un principio intangible, nada impedirá que el Estado también establezca casos en los que algunas personas deben ser eliminadas sin su consentimiento, porque el propio Estado lo considera como su ‘mejor interés'».

«La intervención del Estado en el caso de Indi Gregory puede interpretarse como un ejemplo de autoritarismo y totalitarismo, donde las decisiones médicas y familiares están dominadas por una rígida ideología cínica y utilitarista. Esto lleva a una flagrante violación de los derechos humanos tanto de los padres como, obviamente, de la vida de quienes sufren y están enfermos. Todos los sistemas autoritarios en la historia han intervenido de manera abusiva en la esfera familiar, privada, íntima, y han pretendido poder decidir sobre la vida o la muerte de las personas. Ese es el peligro».

«Hay que comenzar combatiendo el pensamiento utilitarista que valora la vida en función de su «calidad» o contribución aparente a la sociedad. Por consiguiente, se debe promover una cultura de respeto por la vida, desde el nacimiento hasta la muerte natural. Esto puede ayudar a desafiar las mentalidades que justifican el aborto y la eutanasia. Y luego, obviamente, actuar a nivel político, institucional, legislativo y burocrático. Estos aspectos también llevaron a la «condena a muerte» de Indi».

Reacción social

«Los ciudadanos pueden reaccionar a través de la información y la sensibilización, promoviendo el respeto por la vida y la soberanía familiar. Participar activamente en la vida cívica, expresando disenso a través de canales legales y pacíficos, es fundamental para contrarrestar injusticias similares. Y luego actuar a nivel no sólo cultural, sino también —y sobre todo— político».

«El caso de Indi ha mostrado diferencias sustanciales entre el gobierno británico y el italiano, así como entre la cultura más cínica y utilitarista inglesa y la más ética y valórica italiana, entre la supresión del enfermo y el alivio del sufrimiento”.

(Con información de Hispanidad)