La Constitución de 1978: un fracaso que no se puede seguir ignorando | Gonzalo Torres

La Constitución Española de 1978, aclamada durante décadas como el pilar de la transición democrática, se ha convertido en un símbolo de las múltiples deficiencias que aquejan a España, y debe ser evaluada no por la retórica de sus principios, sino por los hechos, las obras y los resultados concretos que ha generado en España en más de cuatro décadas.

En primer lugar, y fundamentalmente, la Constitución, al carecer en su redacción de una referencia moral superior, establece un marco donde no existe ni bien ni mal absolutos, sino un relativismo moral que la convierte en la única guía ética de la sociedad. Esto la hace vulnerable a los intereses de los partidos políticos, permitiendo que lo que hoy se considera válido y digno de protección mañana pueda ser descartado o reinterpretado según las conveniencias del poder de turno. Además, este texto, que supuestamente debía garantizar la unidad de España, la libertad y la estabilidad del país, ha resultado ser un marco incapaz de defender los valores fundamentales de la vida, la familia, la dignidad de la persona, la libertad religiosa, la justicia social y la unidad nacional.

Su fracaso es evidente, no solo en el ámbito ideológico y moral, sino también en su configuración territorial y política, que se ha materializado en un Estado autonómico que ha generado 17 reinos de taifas en constante competencia y conflicto. En lugar de promover la cohesión, ha alimentado los intereses localistas y ha servido de base para que surgieran partidos abiertamente independentistas que han desafiado la soberanía nacional.

La Constitución Española de 1978 nació de las concesiones. Desde su origen, la Constitución de 1978 nació de una serie de concesiones que hipotecaron el futuro de España. La cobardía de unos para defender principios innegociables fueron utilizados por la izquierda y los nacionalistas para redactar un texto lleno de ambigüedades, omisiones en cuestiones esenciales y errores evidentes como el estado de las autonomías que propugnaba la desigualdad entre españoles. Entre estas lagunas destaca la citada referencia a una moral superior, y la falta de una defensa clara de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, tampoco gozó de una protección decidida, abriendo la puerta a posteriores legislaciones antifamilia y antivida que han debilitado estos pilares esenciales.

Por si fuera poco, el catolicismo y la libertad religiosa, que debería ser un derecho inalienable, quedó diluida en un texto que trató de contentar a todos sin comprometerse con ninguno. Este relativismo constitucional ha permitido que, en la práctica, el catolicismo y sus valores, profundamente arraigados en la historia de España, sean relegados al olvido o incluso atacados por las instituciones.

El Estado autonómico es una bomba de relojería. Uno de los mayores fracasos de la Constitución de 1978 es, sin duda, la creación del Estado de las autonomías, una estructura territorial que ha fomentado la división en lugar de la unidad. Aunque en su momento se justificó como una forma de descentralización para atender las necesidades de las distintas regiones, en la práctica se ha convertido en un sistema caótico y costoso, donde cada comunidad autónoma actúa como un pequeño reino de taifas con su propia agenda política y legislativa. Un sistema que divide a los españoles en vez de ayudar a su unión.

El resultado ha sido devastador para la unidad nacional. En lugar de fortalecer a España como una nación unificada, este sistema ha alimentado el nacionalismo y el independentismo. Cataluña y el País Vasco, lejos de integrarse plenamente en el proyecto nacional, han utilizado las competencias autonómicas para socavar la soberanía del Estado y promover agendas separatistas. La fragmentación es ahora tan profunda que España enfrenta constantemente desafíos a su integridad territorial.

Además, el sistema autonómico ha generado una burocracia desmesurada y un gasto público insostenible. Existen 17 parlamentos autonómicos con su casta política ad hoc, sistemas educativos, sanitarios y administrativos que duplican esfuerzos y recursos, perjudicando la eficiencia y generando desigualdades entre los ciudadanos según la comunidad en la que residan. Esta desigualdad territorial es incompatible con un Estado moderno y cohesionado.

La democracia de cartón impuesta por el régimen bipartidista PP-PSOE. Otra de las grandes fallas de la Constitución de 1978 es la consolidación de un régimen bipartidista que simula democracia, pero que en realidad se basa en un reparto de poder entre PP y PSOE. Durante décadas, ambos partidos se han alternado en el gobierno, ofreciendo una falsa sensación de pluralismo mientras mantienen intactas las estructuras de poder.

Este bipartidismo ha creado una política de parcheos y concesiones, en la que ninguno de los partidos ha tenido el valor de abordar los problemas estructurales de España, como la reforma del sistema autonómico o la defensa de valores fundamentales. En lugar de ello, han perpetuado un modelo que beneficia a las élites políticas y económicas, pero que deja a la ciudadanía sin una verdadera representación. Han creado una casta política alejada de los problemas y necesidades de los españoles.

En manos de intereses extranjeros. Un régimen bipartidista que ha abandonado los intereses nacionales para asumir plenamente la agenda globalista, subordinando la soberanía de España a los dictados de terceros países como la UE, Estados Unidos, la OTAN o, incluso, Marruecos. Esta cesión de independencia, marcada por acuerdos que priorizan beneficios externos sobre las necesidades de los ciudadanos españoles, ha llevado a la nación a convertirse en una España sumisa, sin autonomía real y reducida al papel de vasalla de intereses extranjeros que poco o nada tienen que ver con el bienestar de su pueblo.

El balance final no puede ser más desolador: una sociedad sin referentes morales, profundamente dividida, valores fundamentales como la vida y la familia relegados en la práctica cuando no atacadas, una libertad religiosa limitada y sujeta a ideologías laicistas, y un bipartidismo estéril que ha alternado el poder entre el PSOE y el PP sin cambios sustanciales. El resultado es evidente: la Constitución de 1978 no solo ha fallado en sus objetivos fundamentales, sino que se ha convertido en un obstáculo para el progreso y la unidad de España. Es hora de reconocer su fracaso y emprender un cambio profundo que rectifique este rumbo nefasto.

 El fracaso evidente y constatable de la Constitución de 1978 no debe ser un motivo de resignación, sino que debe enseñarnos qué no se puede hacer en el futuro. Pero para no quedarnos únicamente en el panorama desolador que dibujan los fallos y carencias de esta Constitución, en un próximo artículo abordaremos algunas claves fundamentales sobre cómo podrían solucionarse estos problemas. Propuestas concretas que, desde el respeto a los valores esenciales de nuestra nación, su historia y su esencia, permitan devolver la fortaleza y el equilibrio necesarios a nuestra Carta Magna.

España tiene una oportunidad histórica para redefinirse como una nación fuerte, unida y basada en valores sólidos. Esto no será fácil ni rápido, pero es un paso necesario si queremos asegurar un futuro próspero y digno para las próximas generaciones. Es hora de mirar hacia adelante, abandonar las estructuras caducas del pasado y construir una España que esté a la altura de su historia y su potencial. Los parches y las excusas ya no son suficientes. Es tiempo de actuar.

Gonzalo Torres | Escritor