Ana Losada recuerda que se trata de una queja abierta desde 2018 en la que se denunció «la discriminación de los castellanohablantes en la escuela en Cataluña y sobre todo en el caso de los alumnos con necesidades especiales». En aquella ocasión intervino una de las madres acosadas por pedir más educación en español, la madre de dos niños de Balaguer. En este caso, la familia tuvo que cerrar su negocio e irse a vivir a otro municipio.
Una de las cuestiones que también se va a poner encima de la mesa es que el sistema de inmersión afecta a uno de los principios fundamentales de la Unión Europea: el libre movimiento de ciudadanos. Y es que Losada recuerda que la inmersión «supone un bloqueo de movilidad de los ciudadanos dentro de España al verse impedidos muchas veces a aceptar un traslado por temas laborales o personales, porque eso perjudicaría seriamente la formación de sus hijos».
Diferencias actuales con respecto a 2018
Pero ahora también hay una diferencia respeto a 2018. Hay una sentencia firme que obliga a la Generalitat a que al menos un 25 % de las clases en todo el sistema educativo catalán se den en español. Sentencia que se debería aplicar antes del 20 de marzo, pero por lo que han asegurado tanto el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, como el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, no tienen intención de cumplir. Y ahí va otro argumento de la AEB: «demostrar a la Comisión de Peticiones que en Cataluña se está intentando quebrar el estado de derecho».
Losada recuerda que el consejero de Educación está «alentado a la desobediencia a los profesores y a los directores». De hecho, en una carta les instó a que no cambiaran ni una coma de los proyectos lingüísticos de los centros. Y precisamente al amparo de esta instrucción, el director de un instituto de Manresa se ha negado a dar más clases en castellano ante la petición de una familia que se amparaba en la sentencia del TSJC.
La presidenta de la AEB también explica que se van a presentar «todas las pruebas reunidas desde principios del curso anterior en el que se ve claramente cómo la Generalitat aumenta el acoso a alumnos y profesores para que usen sólo el catalán en las escuelas», cómo el consejero de Educación «alentó y se inhibió» ante el acoso a la familia de Canet, y como también desde la Generalitat se va a habilitar una partida para la defensa jurídica de «aquellos que se salten la sentencia».
Para Losada, Europa tiene que conocer la «gravedad de lo que está pasando en Cataluña», no sólo de la pasividad del gobierno de España que «está deliberadamente dejando solos a los ciudadanos catalanes que queremos una escuela en la que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos», sino también la «clara desobediencia» por parte de la Generalitat.
Niños «discriminados»
Esta misma semana uno de los padres que ha pedido más educación en español, Jordi López, también ha presentado un escrito en la Comisión Europea en la que pide que «las instituciones europeas exijan a España que la Generalitat cumpla la sentencia del 25 % en castellano». En la petición, López recuerda que hace un año ya presentaron otra en relación al derecho de su hijo a recibir educación en castellano en su escuela. Pero ni el gobierno de la Generalitat ni el central, dice, han respetado ese derecho. En el texto se dice que los niños que hablan español son «discriminados» ante el resto y que incluso el departamento de Educación «ha dictado instrucciones a los centros para corregir a aquellos profesores que utilicen el castellano en los centros educativos».
(Con información de El Debate)
