El informe se divide en diez apartados (Respeto por la voluntad de los electores; Soberanía y no cooperación internacional; Construcción de la institucionalidad propia; Soberanía fiscal y financiera; Soberanía económica, Soberanía en energía, infraestructuras y medios de comunicación; Justicia lingüística; Seguridad pública para un estado democrático; Acción internacional y Justicia social) y entre sus principales conclusiones dicen que la «estrategia» del Ejecutivo de Pere Aragonès «no es la de la confrontación con el Estado español».
A su juicio, esto representa que «el respeto por la voluntad de los electores» no se ha cumplido. Hablan de «decepción» por el hecho de que «no se implementen acciones viables y perfectamente legales en ámbitos de soberanía que consideramos estratégicos para preparar la ruptura» como son los sectores energético, financiero o económico.
El Govern, sin rumbo
La presidenta de la entidad secesionista, Elisenda Paluzie, afirmó en la rueda de prensa de los resultados del informe de fiscalización que «no hay nada que indique que la independencia es el objetivo prioritario» del Ejecutivo catalán. «Aunque ha habido gestos positivos, la aprobación de los Presupuestos sin un frente común independentista, así como la asunción de injerencias de instituciones y entidades españolas, sólo profundizan más en la no implementación del mandato del 1-O», añadió.
Otro punto de disputa con el Govern es que la Generalitat, como administración autonómica, no se haya retirado en la mayoría de los casos de las causas contra activistas independentistas imputados por desórdenes públicos en protestas o manifestaciones.
La ANC se muestra muy crítica con la unidad antidisturbios de los Mossos e insta a crear un Centro Nacional de Inteligencia catalán. Sin embargo, no entra a valorar la remodelación de la cúpula de la policía autonómica pese a las sospechas de «purga» y en su apartado de «justicia social» tampoco se sensibilizan en si esto puede afectar a las investigaciones contra la corrupción.
