Italia ha entendido que la lucha contra la okupación no puede seguir postergándose. Mientras en España se blanquea y se promueve este ataque directo al derecho de propiedad, el Gobierno de Giorgia Meloni ha tomado medidas firmes, legales y valientes para erradicar esta lacra social y casi terrorista.
Ya en su campaña electoral, Meloni advirtió que presentaría un proyecto de ley para frenar esta plaga social. Cumplió su palabra: “Todo dueño, arrendatario o cesionario de un inmueble, si sufre la ocupación ilegal de su casa, tendrá de su lado al Estado”.
Estas no son palabras vacías. Se han convertido en leyes. Y estas leyes hoy defienden a los ciudadanos frente a quienes pretenden quedarse impunemente con lo ajeno.
La lucha contra la okupación que lidera Italia se ha convertido en un ejemplo de lo que sucede cuando hay voluntad política real. El nuevo decreto de seguridad aprobado por el Parlamento italiano no deja lugar a dudas. Se han incluido catorce nuevos delitos, entre ellos la ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno, castigado con penas de cárcel de dos a siete años. Además, se establece un procedimiento de urgencia para la liberación de los inmuebles okupados.
Italia actúa, mientras en España seguimos atrapados en el discurso ideológico y en la protección sistemática del delincuente. Y no es solo una cuestión legal. Es una cuestión moral. En una sociedad sana, el respeto a la propiedad privada es intocable. No hay justicia sin ley, ni paz social sin orden. No hay libertad sin propiedad.
Italia ha comprendido esto. Y ha actuado. España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, sigue negando lo evidente y premiando la ilegalidad con permisividad y propaganda.
La lucha contra la okupación emprendida por el gobierno de Meloni tiene un objetivo claro: proteger a las familias, a los ancianos y a los propietarios honestos.
Además, se refuerzan las herramientas legales de las fuerzas del orden. La ley ya no se aplica con miedo ni con complejos. Se aplica con decisión. Y eso es exactamente lo que una nación fuerte necesita. Una medida que destaca es la protección jurídica específica para policías o militares que actúen durante el desalojo o en operaciones de control. Se acabó la criminalización de los cuerpos de seguridad por cumplir con su deber.
Italia ha devuelto al Estado su autoridad. Ha demostrado que con liderazgo firme se puede combatir la okupación sin titubeos ni concesiones ideológicas.
Mientras Italia lidera la lucha contra la okupación, en España se ha instaurado una peligrosa cultura de impunidad. Pedro Sánchez, fiel a su sectarismo ideológico de extrema izquierda, se empeña en repetir que la okupación es un bulo. Pero los hechos lo desmienten. Las víctimas son reales. Las casas ocupadas existen. La inseguridad es creciente.
En lugar de respaldar a los propietarios, este gobierno ha protegido sistemáticamente al okupa, lo ha revestido de victimismo y ha facilitado la ocupación con normativas blandas, judicialización lenta y trabas a los desalojos.
La prensa afín, los grupos de la izquierda radical y hasta el propio Ejecutivo se han dedicado a minimizar el problema. La okupación en España no solo vulnera el derecho a la propiedad. También humilla al ciudadano trabajador, al pequeño ahorrador que con esfuerzo ha conseguido una vivienda y ahora la ve convertida en botín de mafias, redes antisistema o grupos radicalizados.
Pero Italia ha demostrado que este fenómeno puede y debe ser combatido. No con paños calientes. Con decisión, con leyes claras y con respeto al ciudadano honesto. La experiencia italiana confirma que la lucha contra la okupación no es una utopía. Es una necesidad. Y sobre todo, es una decisión política.
Con leyes valientes, con el respaldo a las fuerzas de seguridad y con la convicción de que la ley está por encima del activismo ideológico, Giorgia Meloni ha devuelto a Italia la seguridad jurídica y la protección que merecen los ciudadanos de bien.
España tiene que despertar. No podemos seguir premiando al delincuente y castigando al propietario. No podemos continuar tratando la okupación como un debate, cuando es un ataque directo a los pilares de la convivencia.
La propiedad privada es libertad. La okupación es su negación.
