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Fuentes de la Gran Logia de España reconocen la vinculación de alguno de sus miembros con esta ‘resignificación’ de monumentos
La ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra el patrimonio religioso, histórico y artístico de España ha alcanzado cotas de arbitrariedad institucional sin precedentes. El último episodio de esta estrategia cristofóbica y sectaria se focaliza en el Archipiélago Canario, donde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el ex presidente insular, el filomasón Ángel Víctor Torres, ha emitido un decreto destinado a desmantelar el Monumento a la Paz de Tenerife. Esta decisión, lejos de responder a criterios técnicos o de rigurosa legalidad patrimonial, se enmarca dentro de una agenda política basada en el odio, la revancha y la confrontación ideológica. Frente a este atropello, diversas asociaciones civiles, juristas y profesionales del ámbito de la escultura han alzado la voz para denunciar la existencia de un expediente administrativo plagado de supuestas irregularidades que busca eludir las garantías legales establecidas por la propia normativa vigente.
Esta medida aberrante del ministro Torres no representa un hecho aislado, sino que forma parte de las directrices de un Ejecutivo central caracterizado por la cristofobia. Ante la incapacidad de gestionar con solvencia las urgencias económicas y sociales de la nación, la Moncloa reactiva cíclicamente la llamada memoria democrática como una cortina de humo idónea para desviar la atención pública y fracturar a la sociedad. La persecución de conjuntos escultóricos emblemáticos obedece al uso partidista de las instituciones del Estado para imponer una visión sesgada y manipulada de la historia reciente de España, borrando de forma sistemática cualquier vestigio arquitectónico que no se ajuste a sus intereses electorales inmediatos.
El polémico origen del decreto y la maniobra centralista del ministerio
Durante años, las delegaciones territoriales del PSOE en las islas intentaron por todos los medios forzar la demolición de la obra del célebre escultor Juan de Ávalos sin éxito. En las sesiones plenarias celebradas tanto en el Cabildo de Tenerife como en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las propuestas de retirada sistemáticamente fracasaron. Los distintos partidos frenaron en seco las iniciativas socialistas al carecer estas de base legal y de consenso social.
Al encontrarse con un muro democrático en las corporaciones locales canarias, el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente Pedro Sánchez, optaron por elevar el conflicto a una cuestión de Estado mediante la vía del decreto exprés. Colectivos como la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel señalan que esta maniobra es una imposición ideológica que desprecia la autonomía local y las competencias autonómicas en materia de cultura. La prisa por firmar una orden que otorga un plazo de seis meses para la destrucción o desmantelamiento de la estructura revela la intencionalidad política de un ministerio que opera bajo la consigna de la revancha, intentando ganar por real decreto lo que perdieron en los debates democráticos de las instituciones tinerfeñas.
Las sombras de la masonería en la resignificación del espacio público
El proceso de desmantelamiento de símbolos y monumentos en territorio nacional ha despertado rechazo no solo por su sesgo sectario y político, sino también por las influencias ideológicas que se mueven entre bambalinas. Distintas fuentes críticas no dudan en calificar la gestión de Ángel Víctor Torres de filomasónica, apuntando a una sintonía con corrientes de pensamiento que históricamente han abogado por la erradicación de la simbología religiosa del espacio público. De hecho, informaciones internas procedentes de sectores de la Gran Logia de España consultadas por El Cierre Digital reconocen la vinculación de alguno de sus miembros con esta ‘resignificación’ de monumentos
Fuentes de la Gran Logia de España (GLE ) reconocen la vinculación de alguno de sus miembros con esta ‘resignificación’ de monumentos
Esta confluencia de intereses entre la agenda cristofóbica radical del Ejecutivo de Sánchez y determinados círculos de influencia masónicos añade una capa de opacidad a las decisiones gubernamentales. El desmantelamiento del patrimonio religioso y artístico no busca reparar daño alguno, sino sustituir los símbolos y los mensajes de reconciliación por una nueva iconografía laica, de confrontación y de obediencia estatal. La fijación del sanchismo con la destrucción de monumentos bajo este prisma, a una planificación calculada para deconstruir la identidad histórica y cultural común, utilizando las estructuras del Ministerio de Memoria Democrática como el brazo ejecutor de una transformación ideológica forzada.
Irregularidades administrativas y vulneración flagrante de la Constitución
La tramitación del expediente para desbancar el Monumento a la Paz de Tenerife ha entrado en una controvertida fase judicial debido a las serias sospechas de fraude de ley que rodean la actuación del Gobierno de Canarias en connivencia con el ministerio. La Asociación San Miguel Arcángel, personada activamente en la causa, ha denunciado ante los tribunales la absoluta opacidad con la que se está gestionando el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural. A pesar de haber recurrido a los canales oficiales de Transparencia para conocer la identidad y las cualificaciones de la comisión técnica que emite los dictámenes, el Ejecutivo autonómico ha denegado sistemáticamente dicha información, blindando el proceso en un secretismo injustificable.
Este ocultamiento deliberado de los nombres de los expertos impide verificar la necesaria imparcialidad y la ausencia de conflictos de intereses en el órgano técnico que debe decidir sobre el futuro de la escultura. Los representantes legales de la asociación consideran que este comportamiento vulnera de forma flagrante el artículo 9.3 de la Constitución Española, el cual garantiza el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Al tramitar un expediente de manera oscura, impidiendo la fiscalización ciudadana y el derecho a la defensa de los elementos catalogados, el Gobierno demuestra que actúa guiado por el sectarismo y la urgencia política de la Moncloa, saltándose los cauces del derecho administrativo común.
El amparo legal que frena el desmantelamiento inmediato de la obra
A pesar de los anuncios triunfalistas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la demolición del Ángel de la Paz no se puede ejecutar de forma inmediata. El ordenamiento jurídico español y la legislación específica sobre patrimonio cultural ofrecen un blindaje temporal que el Ejecutivo de Sánchez pretende ignorar de cara a la opinión pública. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, concretamente en su artículo 28.2 de la Ley 11/2019, estipula con claridad que toda obra sujeta a un procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural en curso goza de forma automática del mismo régimen de protección preventiva que si ya estuviera declarada como tal.
Dado que la batalla legal continúa abierta en los tribunales y los recursos contencioso-administrativos interpuestos por los colectivos de defensa del patrimonio siguen su curso sin una resolución judicial firme, cualquier intento de intervención física sobre el monumento constituiría un delito de prevaricación y un atentado irreparable contra el patrimonio histórico. La insistencia del ministro filomasón Torres en fijar plazos perentorios forma parte de la propaganda gubernamental destinada a contentar a sus socios parlamentarios más radicales, pero choca de frente con la realidad de un Estado de derecho donde las decisiones de la administración pública permanecen supeditadas al control y dictamen definitivo de los jueces.
Un paralelismo evidente con la intervención ideológica en el Valle de los Caídos
El asedio al Monumento a la Paz de Tenerife guarda un paralelismo absoluto con la situación que se vive en el Valle de los Caídos. Ambos espacios constituyen los objetivos prioritarios de la maquinaria de del sanchismo. En el complejo de San Lorenzo de El Escorial, el Ejecutivo central ha intentado acelerar los trabajos de perforación y alteración del recinto, coincidiendo significativamente con momentos de alta tensión política nacional o con visitas eclesiásticas internacionales, como la del Papa León XIV a Madrid.
El verdadero significado de la escultura de Juan de Ávalos según los expertos
La justificación legal del Gobierno para destruir el monumento tinerfeño descansa sobre la premisa de que la obra vulnera la Ley de Memoria Democrática por su supuesta exaltación del franquismo. Sin embargo, los informes históricos y artísticos independientes rebaten con contundencia esta tesis. El conjunto escultórico, inaugurado en el año 1966 con motivo del vigésimo quinto aniversario del final de la Guerra Civil, fue concebido originalmente como una alegoría de la reconciliación y de la concordia nacional tras los trágicos sucesos del conflicto fratricida. Las figuras plasmadas por la genialidad de Juan de Ávalos carecen por completo de simbología política partidista: el ángel y el joven que sostiene la espada en forma de cruz son representaciones anónimas que no encarnan a dirigentes, militares ni siglas de la época.
Al carecer de escudos, yugos y flechas, lemas o inscripciones de carácter propagandístico, la pieza cumple rigurosamente con los parámetros artísticos de un monumento a la reconciliación pacífica. Los expertos en historia del arte insisten en que la obra representa una de las manifestaciones de la estatuaria pública más relevantes del siglo XX en el archipiélago canario, integrada plenamente en el paisaje urbano, cultural y sentimental de Santa Cruz de Tenerife. La obsesión del Gobierno de Sánchez por destruir un símbolo de paz y pretender clasificarlo como un acto de exaltación totalitaria demuestra el preocupante grado de ceguera ideológica de un Ejecutivo que prefiere demoler el arte y reabrir heridas del pasado antes que respetar el patrimonio común de los españoles.
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