La Guardia Civil revela en el informe que ha provocado el cisma entre el cuerpo policial y el Gobierno que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, prohibió a los representantes de la Iglesia Evangélica celebrar cualquier tipo de evento multitudinario en una reunión celebrada el pasado 5 de marzo.
Tan sólo tres días antes de las manifestaciones autorizadas y promovidas por el Gobierno por el 8-M, según el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, se reunieron en la sede del Ministerio de Sanidad, además del ministro, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón; el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco; el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; y dos representantes de las iglesias evangélicas.
En dicho encuentro, reconstruido por los agentes, «Simón les explicó la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa, exponiendo los mayores riesgos que tenía la Iglesia Evangélica, debido a la movilidad de las personas y a las concentraciones a las que asistían». En el marco de la reunión, los representantes religiosos plantearon a los responsables sanitarios «la próxima celebración del Congreso Unlimited 2020 en la Caja Mágica de Madrid, para el que preveían la asistencia de 8.000 personas». «El ministro Illa acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase ‘No, eso no se puede hacer’, emplazándoles a una nueva reunión al día siguiente». Sólo 24 horas después, el 6 marzo, Simón incidió en la misma prohibición: «No se puede celebrar de ninguna manera», dijo, y «arrojó como dato que ya en ese momento se conocían 22 casos de contagios en España». En aquel encuentro, según refleja el atestado, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, les explicó a los religiosos «la grave situación sanitaria ofreciendo datos concretos de contagios y haciendo constar que se trataba de una pandemia a escala internacional».
Asimismo, en el atestado policial se subraya que el día 7 de marzo, Simón declaró en referencia a la manifestación del 8-M que «si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación, le diré que haga lo que quiera» aunque, según confesó él mismo, «suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo en relación con el coronavirus».
Los agentes ponen de relieve que Fernando Simón «realiza las manifestaciones expuestas el 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8-M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista dos días antes».
El informe de la Guardia Civil concluye que «las recomendaciones imperativas llevadas a cabo sobre el colectivo evangélico y el nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indica sin lugar a dudas la preocupación de éstos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública». No obstante, subraya el documento que esa posición «confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso Unlimited». «Recuérdese», apostillan los agentes, «que el congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista para el 8-M, Día Internacional de la Mujer en Madrid, tenía prevista la participación de un millón de personas».
CONTAGIO DEL VIRUS «SEGURO»
Tras recibir el atestado de la Guardia Civil y el avance del informe forense donde se reflejaba el «seguro» contagio que supuso la celebración del 8-M en la capital, la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el alcance penal de la convocatoria durante la propagación de Covid-19, acordó ayer la citación como imputado del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el próximo 5 de junio. De momento, Franco es el primer responsable político que deberá dar explicaciones ante la juez por la marcha del Día de la Mujer.
Asimismo, el contenido del citado informe provocó ayer que el Ministerio del Interior, que capitanea Fernando Grande-Marlaska, destituyese como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al coronel Diego Pérez de los Cobos al negarse a informar a la directora del Instituto Armado, María Gámez, del contenido del mismo.
Tras trascender el cese fulminante del coronel, la juez Rodríguez-Medel envió ayer un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, donde le recordaba que la «Policía Judicial actuante» depende exclusivamente de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal, en virtud del artículo 126 de la Constitución.
