El vicepresidente social, Pablo Iglesias, sólo ha reunido en dos ocasiones al grupo de trabajo creado específicamente para abordar la situación en las residencias de ancianos, el punto crítico de la pandemia de coronavirus. Desde que comenzara la crisis sanitaria, han fallecido 27.000 usuarios de estos centros.
La Vicepresidencia de Servicios Sociales ha convocado para este lunes, 24 de agosto, una nueva reunión de este grupo, formado por representantes de las distintas comunidades autónomas. Será la tercera vez que se reúnan ya que, desde su creación, el 18 de junio, sólo lo han hecho en dos ocasiones: el 25 de ese mismo mes y el 4 de agosto, día en que se celebró el último Consejo de Ministros antes del parón vacacional.
En este tiempo, sin embargo, la pandemia de coronavirus se ha recrudecido, con decenas de brotes declarados en estos centros, y el sector sigue reclamando medidas para hacer frente a una situación tan compleja.
Según explicó el departamento de Pablo Iglesias, el encuentro servirá para analizar la situación de las residencias ante la expansión de los brotes, además de los mecanismos de coordinación con las autoridades sanitarias. También se avaluará la aplicación del Plan de Respuesta Temprana, el único mecanismo que actualmente contempla el Ejecutivo para afrontar el recrudecimiento del virus y que delega la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas.
El mencionado plan, que data del pasado 12 de julio -cuando la situación epidemiológica no tenía nada que ver con la actual- ofrece sólo una serie de indicaciones genéricas, con la premisa de que «es prioritario evitar la introducción del virus en estos centros».
En el documento, se exige a los centros «colaborar en la recopilación, verificación y notificación de los datos para poder planificar e intervenir de forma adecuada». Asimismo, se declara que la detección de un caso «es indicativo de brote y deberá notificarse a las autoridades sanitarias para adoptar las medidas oportunas, como son el aislamiento del
caso y la indicación de cuarentena de los contactos estrechos». Las medidas van desde la restricción de las visitas al establecimiento de espacios aislados.
Más medidas
Las patronales de estos centros se han mostrado críticas con la gestión de la pandemia y han reclamado estar presentes en estas reuniones ya que, explican, son los únicos conocedores de la situación real y de las dificultades.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, indicó que lo «ideal» sería que el diálogo se produjera entre ellos, Sanidad y Servicios Sociales, una comunicación que, según explicó, en este momento no existe, y que tampoco se ha producido en estos meses de crisis sanitaria.
Fernández-Cid ha criticado que aún se desconozca si los test a los profesionales de los centros a la vuelta de vacaciones los debe pagar el Estado o los responsables de las propias residencias, y considera que la situación es ahora igual que en marzo.
Por su parte, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, también ha insistido en la urgencia de un diálogo con el Gobierno.
El pasado junio, Pascual se mostró especialmente crítica con la gestión de la pandemia.
En una intervención en el Congreso de los Diputados, expuso la reiterada falta de respuesta por parte del Gobierno a sus peticiones de ayuda y relató cómo en los momentos más críticos contactó con los propios ministros. «Hablé con ellos ¿Y qué encontré? Reproches entre comunidades, entre partidos políticos… Nosotros no queríamos reproches. Estábamos en medio de una pandemia. Lo que estábamos sufriendo era inhumano. Sólo les pedía que nos sentáramos en una mesa y que el Gobierno dijese: vamos a solucionarlo», explicó. «No puedo entender, se lo digo de verdad, que nadie nos echase una mano y estuviese a nuestro lado», aseveró, ante los parlamentarios.
Peticiones desoídas
Pablo Iglesias asumió el mando único de estos centros el pasado 19 de marzo, cuando Salvador Illa delegó en él el mando de los servicios sociales y su coordinación en las comunidades autónomas durante el estado de alarma.
Sin embargo, en este tiempo, ha evitado asumir responsabilidades por la crítica situación en las residencias y, especialmente, las muertes de los ancianos. En su lugar, el líder de Podemos ha culpado a las comunidades autónomas, e incluso a las propias residencias privadas, sobre las que ha afirmado que están en manos de «corruptos y fondos buitre».
Como reveló OKDIARIO, hasta en cinco ocasiones la patronal de residencias intentó contactar con el vicepresidente segundo para trasladarle las preocupaciones del sector.
Algunas de esas llamadas de auxilio se produjeron en plena crisis. Sin embargo, todas fueron desoídas.
Desde CEAPS se reclama que el Sistema de Salud Pública «garantice en todas las regiones la realización de PCR, coordinación real y efectiva entre los servicios sociales y sanidad y medios humanos y materiales» para responder a los brotes. «No podemos trabajar con miedo, y menos tras la experiencia sufrida», destaca Pascual.
(Luz Sella. OK Diario)
