Gobierno, Iglesia y Defensor del Pueblo firman el protocolo de reparación a las víctimas del 0,2% de los abusos sexuales cometidos por eclesiásticos.
Este acuerdo impone la falsedad mediática de que la pederastia es un mal exclusivo de la Iglesia. Es inaceptable centrar el foco en el 0,2% de los casos mientras se ignora el 99,8% restante: ¿Dónde están las responsabilidades de políticos, funcionarios, profesores y deportistas ante esta lacra social?
El Gobierno engaña a la Iglesia nuevamente al imponer un protocolo de reparación que señala exclusivamente a la institución católica, mientras ignora deliberadamente al resto de la sociedad. Esta maniobra del Ejecutivo de Pedro Sánchez busca estigmatizar a la fe al centrarse solo en el 0,2% de los casos, dejando desamparadas a la inmensa mayoría de víctimas del 99,8% restante que ocurren en ámbitos laicos y estatales. La reciente firma entre el ministro Félix Bolaños y la jerarquía eclesial, con el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, evidencia una estrategia de manipulación para demonizar a la Iglesia mientras se perpetúa la impunidad en otros sectores.
La injusticia de señalar solo a la Cruz
Un protocolo diseñado para la exclusión
El Ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo han culminado hoy el desarrollo del acuerdo iniciado en enero. Este protocolo busca reconocer y reparar a las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica cuyos casos han prescrito o cuyo agresor ha fallecido. Es una medida que la Iglesia acepta por su compromiso ético con la verdad y la sanación, pero que resulta profundamente discriminatoria al ser la única institución española obligada a responder por casos que la justicia civil ya da por cerrados.
El silencio cómplice sobre el resto de la sociedad
Detrás de esta puesta en escena queda una duda razonable y dolorosa. ¿Por qué el Gobierno de Sánchez solo tiene interés en reabrir heridas cuando el entorno es eclesial? La pederastia es una lacra social que afecta a políticos, funcionarios, administraciones, profesores, deportistas, etc. Sin embargo, el dispositivo mediático y legal solo apunta hacia las parroquias. Al centrar el foco únicamente aquí, el Gobierno transmite la falsedad de que la pederastia es un problema exclusivo de la religión católica, cometiendo una falsedad y una injusticia flagrante.
Las cifras que Gabilondo y Bolaños prefieren ocultar
El 99,8% de las víctimas no importan al Gobierno
Las estadísticas son demoledoras y dejan en evidencia la estrategia de manipulación oficial del sanchismo. Los abusos cometidos por eclesiásticos representan tan solo el 0,2% del total de casos denunciados en España. Esto significa que existe un 99,8% de víctimas que los socialistas, el señor Gabilondo y el filomasón Bolaños han decidido ignorar en este protocolo de reparación. Es legítimo preguntarse: ¿qué hacemos con ese porcentaje mayoritario? ¿Acaso esas víctimas no merecen la misma atención, o es que no sirven para el desgaste político de la Iglesia?
La advertencia necesaria de Mons. Jesús Sanz Montes
El arzobispo de Oviedo ya denunció esta situación con una claridad meridiana. La focalización hacia lo eclesial no es inocente; es una «viciada matraca» que busca distraer a la opinión pública de otros problemas nacionales. La imputación arbitraria expone a la Iglesia a medidas fiscales, económicas y legales que nadie más asume. La Iglesia asume su responsabilidad y previene con rigor, pero no puede aceptar ser el chivo expiatorio de un Gobierno que utiliza el dolor humano para atacar los cimientos de la familia y la fe.
Tibieza jerárquica frente a la soberbia política
El complejo de inferioridad ante el poder
Lamentablemente, el Gobierno aprovecha la tibieza y los complejos de ciertos sectores de la jerarquía para avanzar en su agenda. La sumisión a protocolos que solo exigen cuentas a los católicos debilita la posición de la Iglesia en la defensa de sus derechos fundamentales. Mientras la CEE firma acuerdos bajo presión, el Ejecutivo de Sánchez refuerza una narrativa donde ser católico se asocia con sospecha de pederastia, y alimentando la fractura social y el odio religioso.
La reparación a las víctimas es un deber moral irrenunciable, y la Iglesia así lo demuestra al ser la única que da un paso al frente incluso en casos prescritos. Pero la justicia que solo mira hacia un lado se convierte en persecución. El Gobierno engaña a la Iglesia y a la sociedad entera al fingir que le preocupa la pederastia mientras abandona a casi el 100% de las víctimas reales que no encajan en su relato anticlerical. Y lo peor es que la tibieza de algunos miembros de la jerarquía lo alimentan con su actitud.
Es inaceptable que el Gobierno focalice toda la maquinaria legal en el 0,2% de los casos mientras condena al olvido al 99,8% de las víctimas de pederastia en España.
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