La Asociación de Ingenieros de Caminos exige al Gobierno de España una intervención inmediata ante el deterioro crítico de nuestras infraestructuras hidráulicas para evitar catástrofes inminentes. Tras un invierno de intensas lluvias en este 2026, los profesionales han entregado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) un documento con soluciones urgentes. La falta de inversión y el mantenimiento deficiente amenazan la seguridad de miles de familias, especialmente en zonas vulnerables como Andalucía y el Levante. Los técnicos presionan a la ministra Sara Aagesen para que dote de medios reales a las presas estatales antes de que sea demasiado tarde.
El Gobierno ignora el riesgo estructural de nuestras presas
La situación de las infraestructuras hidráulicas en España ha alcanzado un punto de no retorno debido a la desidia administrativa. Los ingenieros de caminos advierten que la presión sobre los embalses, tras las crecidas de los últimos meses, revela fallos de seguridad que el Estado no puede seguir ignorando. No se trata de generar alarma, sino de exigir que el patrimonio de todos los españoles esté en perfecto estado. El mantenimiento de las presas resulta vital para la protección de la vida y el territorio nacional, especialmente cuando el agua es un recurso estratégico que vertebra nuestra nación.
Una gestión ideológica que destruye infraestructuras vitales
Resulta incomprensible que, mientras los técnicos piden refuerzos, las Confederaciones Hidrográficas impulsen expedientes de demolición de presas. Bajo una agenda ecologista radical, el Ministerio condena infraestructuras como las de La Retorna en La Rioja o Los Toranes en Teruel. Estas obras no solo producen energía limpia y firme, sino que cumplen una función esencial en la prevención de riadas. La destrucción de este patrimonio hidráulico atenta contra la libertad de desarrollo de nuestras provincias y debilita la soberanía energética de España.
La urgencia de reforzar el personal técnico especializado
La Asociación de Ingenieros propone la incorporación inmediata de 69 profesionales en las Confederaciones Hidrográficas. Actualmente, la falta de recursos humanos impide una vigilancia constante de los muros que contienen millones de metros cúbicos de agua. Es necesario elevar el rango de las presidencias de las Confederaciones a Dirección General y profesionalizar la gestión. Solo con técnicos cualificados al mando, y no con cargos políticos, podremos garantizar que la seguridad de las familias españolas sea la prioridad absoluta frente a cualquier interés partidista.
Propuestas técnicas para garantizar la seguridad nacional
Los ingenieros señalan directamente 23 infraestructuras con problemas de seguridad estructural grave y otras 24 con deficiencias hidráulicas urgentes. El documento entregado al secretario de Estado, Hugo Morán, detalla la necesidad de revisar los sistemas de auscultación que hoy fallan en numerosos puntos del país. Para solucionar este caos, los profesionales plantean una reforma normativa profunda. España necesita leyes que protejan sus embalses y no que faciliten su desaparición por motivos puramente ideológicos o presupuestarios.
Reforma de la Ley de Aguas y planes de emergencia
La propuesta incluye modificar el artículo 57 de la Ley de Aguas para eliminar el carácter restrictivo del caudal ecológico cuando este compromete la seguridad o el abastecimiento. Además, urge implantar 46 planes de emergencia en zonas de alto riesgo como el Levante, el Júcar y el Segura. Estas regiones, motor agrícola y familiar de España, no pueden vivir bajo la amenaza constante de una rotura de presa por falta de previsión gubernamental. La seguridad hidráulica debe considerarse un pilar de la libertad y el bienestar nacional.
Creación del Consejo de Seguridad de Presas
Como solución definitiva, los expertos sugieren crear un Consejo de Seguridad de Presas. Este organismo funcionaría de forma independiente y técnica, similar al Consejo de Seguridad Nuclear, con autonomía financiera y dependencia directa del Parlamento. Esta medida evitaría que la gestión del agua caiga en manos de la arbitrariedad política del Gobierno de turno. Blindar la supervisión de las presas es proteger el futuro de las próximas generaciones y asegurar que las infraestructuras que nuestros abuelos construyeron sigan sirviendo a la prosperidad de España.
El Gobierno prefiere demoler presas por ideología antes que invertir en la seguridad de las familias que viven bajo la amenaza de una catástrofe hidráulica.
La gestión del agua no es un juego político, es una cuestión de supervivencia. Las presas españolas representan el esfuerzo de una nación por dominar los elementos y ponerlos al servicio del bien común, la agricultura y la vida. Defender nuestras infraestructuras hidráulicas es defender a España y el derecho de cada ciudadano a vivir seguro en su tierra. El Ministerio debe abandonar su agenda de demolición y escuchar a los que saben: los ingenieros. La vida y la propiedad están por encima de cualquier experimento ecologista radical globalista.
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